Por: Lic. Luis Marín
lmarin@socialconsultores.com
La aplicación del enfoque de género a las políticas públicas encierra diversos desafíos que tienen que ver con el relativamente nuevo enfoque y con el proceso mismo de diseño y gestión de las políticas sociales, tanto que algunos autores describen a este proceso como el de una “caja negra” ya que no se sabe quienes participan en su diseño (Portocarrero y Romero; 2000). Por otro lado, a lo novedoso del enfoque se suma el hecho de que no se ha ampliado la discusión a nivel nacional sobre las consideraciones de género y que muchos de los encargados del diseño de las políticas tienen nociones limitadas –o no las tienen- respecto al mismo. Al respecto, Anderson (Anderson citado por Arraigada; 1999, p. 118) afirma que en el diseño de políticas se encuentran dificultades como la inexistencia de procedimientos ni prácticas estandarizadas para llevarlas a cabo.
Afortunadamente, en la actualidad se están produciendo mayores interacciones (académico - políticas) y debates al respecto, desde organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Inclusive, las primeras contribuyen con lineamientos y propuestas de políticas muy importantes para la lucha contra la discriminación por género y desigualdad.
En los proyectos de desarrollo por el contrario, ha habido un aumento en el número de indicadores acerca de la perspectiva de género o por lo menos, las consideraciones respecto a este enfoque empezaron a darse mucho antes. En este caso, las entidades cooperantes son las que han incidido en la inclusión de la temática de género en la región latinoamericana. Y en nuestro país, con su respaldo, las ONG, han ejecutado políticas en las que destacan el tema de género y han puesto en agenda temas que estaban fuera de la discusión pública, tal como sucedía con la violencia doméstica (Arraigada; 1999, p. 123).
En nuestro país, la creación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES, antes PROMUDEH. El PROMUDEH se creó el 29 de octubre de 1996 mediante DL 866, teniendo como finalidad el desarrollo de la mujer y la familia, bajo el principio de igualdad de oportunidades, promoviendo actividades que favorezcan el desarrollo humano, atendiendo de manera prioritaria a los menores en riesgo.
Así, se constituyó en un hito en la trayectoria institucional nacional, ya que nunca antes una institución del más alto nivel tuvo la responsabilidad y el encargo directo de enfrentar las desigualdades de género que se manifiestan en la sociedad. Este paso es más importante aún porque dicho organismo se encargó a partir de entonces, de ejecutar programas sociales de lucha contra la pobreza, que de manera directa o indirecta, influenciaban la vida de muchas mujeres en situación de pobreza. Para entonces, ya se observaba en la agenda pública un reconocimiento de temas relevantes que antes no lo eran.
Referencias
Arraigada, Irma 2006 Dimensiones de la pobreza y políticas desde una perspectiva de género. Publicado en la Revista de la CEPAL 85. Abril.
Portocarrero, Felipe y Romero, María Elena 2000 La caja negra o el proceso de formulación e implementación de políticas públicas: el caso del PRONAA. En: Portocarrero, Felipe (ed). “Políticas sociales en el Perú: nuevos aportes”. Lima, Red para el desarrollo de las ciencias sociales.
lunes, 27 de septiembre de 2010
La relación entre género y desarrollo
Por: Lic. Luis Marín
lmarin@socialconsultores.com
La idea del desarrollo ha evolucionado con el tiempo, haciéndose cada vez más compleja. A mitad del siglo pasado el desarrollo era entendido netamente como el crecimiento de la economía. Los países buscaban diferenciarse de acuerdo a la medición de índices de tipo macroeconómico. Posteriormente, el concepto de desarrollo se amplió hasta incluir los temas de desarrollo a escala humana y de medio ambiente. Se empezó a hablar de desarrollo sostenible para afirmar que el desarrollo actual debía garantizar la sostenibilidad de las generaciones futuras, es decir, que el modelo no debía agotar los recursos hoy, sino preveer el futuro de las siguientes generaciones.
Lo que denominamos la evolución o complejización del concepto de desarrollo, responde a un aumento de sus contenidos, que buscan integrar diversas dimensiones: económicas, culturales, religiosas, política, ética, etc. Con el paso de los años y la complejización del concepto, el desarrollo incluyó la problemática del género, definida como la búsqueda de igualdad de oportunidades entre los sexos y del respeto de las identidades sexuadas.
Este proceso no ha sido sencillo, y ha estado acompañado de movimientos sociales crecientes como el feminismo, que se hicieron más visibles en la esfera política, cultural y académica de los países de la región. De esta manera, el desarrollo complejiza sus contenidos -puede tomarse como un indicador de este proceso de complejización al Índice de Desarrollo Humano (PNUD), que es un índice compuesto por tres índices que miden la longevidad, el nivel educacional y el nivel de vida- hasta integrar muchas de las dimensiones que conforman el desarrollo humano (Boisier; 2002, p. 9).
Referencias
Boisier, Sergio 2002 ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica?. Instituto de Desarrollo Regional. Documento de Trabajo N° 6.
lmarin@socialconsultores.com
La idea del desarrollo ha evolucionado con el tiempo, haciéndose cada vez más compleja. A mitad del siglo pasado el desarrollo era entendido netamente como el crecimiento de la economía. Los países buscaban diferenciarse de acuerdo a la medición de índices de tipo macroeconómico. Posteriormente, el concepto de desarrollo se amplió hasta incluir los temas de desarrollo a escala humana y de medio ambiente. Se empezó a hablar de desarrollo sostenible para afirmar que el desarrollo actual debía garantizar la sostenibilidad de las generaciones futuras, es decir, que el modelo no debía agotar los recursos hoy, sino preveer el futuro de las siguientes generaciones.
Lo que denominamos la evolución o complejización del concepto de desarrollo, responde a un aumento de sus contenidos, que buscan integrar diversas dimensiones: económicas, culturales, religiosas, política, ética, etc. Con el paso de los años y la complejización del concepto, el desarrollo incluyó la problemática del género, definida como la búsqueda de igualdad de oportunidades entre los sexos y del respeto de las identidades sexuadas.
Este proceso no ha sido sencillo, y ha estado acompañado de movimientos sociales crecientes como el feminismo, que se hicieron más visibles en la esfera política, cultural y académica de los países de la región. De esta manera, el desarrollo complejiza sus contenidos -puede tomarse como un indicador de este proceso de complejización al Índice de Desarrollo Humano (PNUD), que es un índice compuesto por tres índices que miden la longevidad, el nivel educacional y el nivel de vida- hasta integrar muchas de las dimensiones que conforman el desarrollo humano (Boisier; 2002, p. 9).
Referencias
Boisier, Sergio 2002 ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica?. Instituto de Desarrollo Regional. Documento de Trabajo N° 6.
La Cumbre del Milenio y la perspectiva de género
Por: Lic. Luis Marín
lmarin@socialconsultores.com
Las Naciones Unidas desde la década del cuarenta promovía la incorporación de la lucha contra la discriminación para propugnar la equidad entre hombres y mujeres.
En Septiembre del año 2000 se llevó a cabo un evento sin precedentes, la Cumbre del Milenio. En ella se llegaron a definir ocho grandes objetivos que debían ser cumplidos por los 189 países que participaron en dicha reunión. La fecha planteada para el logro de dichos objetivos fue el 2015.
A continuación reproducimos los ocho objetivos de desarrollo del milenio (ODM), como se les empezó a denominar desde entonces (PNUD; 2009):
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Dentro de estos objetivos, el tercero se refiere específicamente a promover la igualdad entre los géneros. La cumbre se propone con este objetivo el eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015.
Los objetivos de desarrollo del Milenio en el tema de género, apuestan por un cambio en la enseñanza de primer nivel, con el objetivo de que a partir de este cambio, las generaciones futuras reproduzcan y mejoren las condiciones en las que se han desarrollado. La apuesta por cambios en la jerarquía de poder entre los sexos son cambios de largo aliento, que requieren del esfuerzo de los estados miembros y de indicadores eficaces que reflejen los avances de cada país en ese aspecto.
La preocupación por la igualdad de los géneros, trasciende las fronteras nacionales y se convierte en una preocupación mundial, ya que estas condiciones de desigualdad perjudican el desarrollo de la población femenina y por ende el de sus países. Además, debido a que en la mayoría de los casos son las mujeres las que se encargan del cuidado del hogar, cualquier deterioro en sus condiciones de vida repercute directamente con el destino de las futuras generaciones.
Entonces, la lucha por la igualdad se convierte en una prioridad que debe ser asumida por los estados y reflejada en la implementación de sus políticas. Sin embargo, y como ya hemos mencionado en la sección anterior, existen grandes dificultades para la implementación de la categoría de género en las políticas públicas. Por ello, el tema cobra cada vez mayor relevancia.
Referencias
PNUD 2009 Objetivos de desarrollo del milenio – ODM (http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml). Revisado en Agosto de 2009.
lmarin@socialconsultores.com
Las Naciones Unidas desde la década del cuarenta promovía la incorporación de la lucha contra la discriminación para propugnar la equidad entre hombres y mujeres.
En Septiembre del año 2000 se llevó a cabo un evento sin precedentes, la Cumbre del Milenio. En ella se llegaron a definir ocho grandes objetivos que debían ser cumplidos por los 189 países que participaron en dicha reunión. La fecha planteada para el logro de dichos objetivos fue el 2015.
A continuación reproducimos los ocho objetivos de desarrollo del milenio (ODM), como se les empezó a denominar desde entonces (PNUD; 2009):
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Dentro de estos objetivos, el tercero se refiere específicamente a promover la igualdad entre los géneros. La cumbre se propone con este objetivo el eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015.
Los objetivos de desarrollo del Milenio en el tema de género, apuestan por un cambio en la enseñanza de primer nivel, con el objetivo de que a partir de este cambio, las generaciones futuras reproduzcan y mejoren las condiciones en las que se han desarrollado. La apuesta por cambios en la jerarquía de poder entre los sexos son cambios de largo aliento, que requieren del esfuerzo de los estados miembros y de indicadores eficaces que reflejen los avances de cada país en ese aspecto.
La preocupación por la igualdad de los géneros, trasciende las fronteras nacionales y se convierte en una preocupación mundial, ya que estas condiciones de desigualdad perjudican el desarrollo de la población femenina y por ende el de sus países. Además, debido a que en la mayoría de los casos son las mujeres las que se encargan del cuidado del hogar, cualquier deterioro en sus condiciones de vida repercute directamente con el destino de las futuras generaciones.
Entonces, la lucha por la igualdad se convierte en una prioridad que debe ser asumida por los estados y reflejada en la implementación de sus políticas. Sin embargo, y como ya hemos mencionado en la sección anterior, existen grandes dificultades para la implementación de la categoría de género en las políticas públicas. Por ello, el tema cobra cada vez mayor relevancia.
Referencias
PNUD 2009 Objetivos de desarrollo del milenio – ODM (http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml). Revisado en Agosto de 2009.
Conceptualizando la perspectiva de género
Por: Lic. Luis Marín
Correo: lmarin@socialconsultores.com
La equidad de género, conceptualmente, es un enfoque que evidencia las desigualdades existentes entre varones y mujeres. Este enfoque plantea modificar las asimetrías en las relaciones de poder que afectan a las mujeres. De esta forma se garantizaría el mayor acceso de ellas a recursos y oportunidades que mejorarían su calidad de vida.
La apuesta por la equidad de género debe ser un compromiso de los Estados ya que el incremento de la calidad de vida de las mujeres impactaría positivamente en las familias, y en el desarrollo de las naciones.
Sin embargo, la categoría género encierra diversos contenidos, ya que posee cargas de índole cultural, político y normativo (Scott; 1996, p. 289). Así, en él se reflejan las tradiciones y trayectorias culturales de la interrelación entre varones y mujeres, la posición en la esfera pública de los mismos y las consideraciones referidas a las normas de convivencia social.
Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta cuando se habla de género, es el de las identidades sexuadas, ya que el género siendo la construcción cultural de los cuerpos sexuados, admite diversas identidades que no se encasillan en la dicotomía masculino – femenino, sino que se remite incluso a construcciones identitarias inter y transgénero. La categoría género se relaciona con otras problemáticas y definiciones tales como identidad, cuerpo y sexo. No nos explayamos al respecto por cuestiones de espacio. Para un desarrollo mayor del concepto y de dichas relaciones véase De Barbieri (De Barbieri; 1995).
Es por ello que el género debe considerarse como transversal en el estudio de los procesos sociales, dada su complejidad y dificultad para el diseño de políticas integrales articuladas, que consideren las diferencias antes mencionadas.
Referencias
De Barbieri, Teresita 1995 Certezas y malos entendidos de la categoría género. En Materiales de género. Diploma de Estudios de género de la PUCP.
Scott, Joan W. 1996 El género: una categoría útil para el análisis histórico. En: Lamas, Marta (Compiladora). “El género: la construcción cultural de la diferencia sexual” PUEG, México. 265-302p.
Correo: lmarin@socialconsultores.com
La equidad de género, conceptualmente, es un enfoque que evidencia las desigualdades existentes entre varones y mujeres. Este enfoque plantea modificar las asimetrías en las relaciones de poder que afectan a las mujeres. De esta forma se garantizaría el mayor acceso de ellas a recursos y oportunidades que mejorarían su calidad de vida.
La apuesta por la equidad de género debe ser un compromiso de los Estados ya que el incremento de la calidad de vida de las mujeres impactaría positivamente en las familias, y en el desarrollo de las naciones.
Sin embargo, la categoría género encierra diversos contenidos, ya que posee cargas de índole cultural, político y normativo (Scott; 1996, p. 289). Así, en él se reflejan las tradiciones y trayectorias culturales de la interrelación entre varones y mujeres, la posición en la esfera pública de los mismos y las consideraciones referidas a las normas de convivencia social.
Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta cuando se habla de género, es el de las identidades sexuadas, ya que el género siendo la construcción cultural de los cuerpos sexuados, admite diversas identidades que no se encasillan en la dicotomía masculino – femenino, sino que se remite incluso a construcciones identitarias inter y transgénero. La categoría género se relaciona con otras problemáticas y definiciones tales como identidad, cuerpo y sexo. No nos explayamos al respecto por cuestiones de espacio. Para un desarrollo mayor del concepto y de dichas relaciones véase De Barbieri (De Barbieri; 1995).
Es por ello que el género debe considerarse como transversal en el estudio de los procesos sociales, dada su complejidad y dificultad para el diseño de políticas integrales articuladas, que consideren las diferencias antes mencionadas.
Referencias
De Barbieri, Teresita 1995 Certezas y malos entendidos de la categoría género. En Materiales de género. Diploma de Estudios de género de la PUCP.
Scott, Joan W. 1996 El género: una categoría útil para el análisis histórico. En: Lamas, Marta (Compiladora). “El género: la construcción cultural de la diferencia sexual” PUEG, México. 265-302p.
jueves, 9 de septiembre de 2010
Bases teórico científicas de la participación ciudadana
Por: Lic. Luis Marín
lmarin@socialconsultores.com
Empezaremos con las teorías estructuralistas perfiladas por Anthony Giddens en las nuevas reglas del método sociológico. La teoría de la “estructuración” formulada por Anthony Giddens en los años setenta y expuesta plenamente en su obra: La Constitución de la Sociedad (Giddens, 1984), intenta no sólo conceptualizar el dualismo “estructura-agencia”, sino que ofrece una manera de vencer este dualismo afirmando que la estructura misma es dual: la dualidad de la estructura.
Es así como Anthony Giddens va a la vanguardia en formular una teoría que da cuenta de un fenómeno muy poco trabajado dentro de las ciencias sociales: la modalidad en que los sistemas sociales se constituyen a través del tiempo y del espacio . Para avanzar hacia esta dirección, reformula el trabajo del geógrafo sueco T. Hägestrand y desarrolla el concepto “locale” para delimitar el espacio que proporciona un contexto para la interacción humana y se constituye en el elemento básico para determinar la zonificación de las interacciones sociales rutinarias. Un elemento central en la teoría de la estructuración, son las prácticas sociales que se suceden en el espacio-tiempo (Giddens, 1984, 10-139).
Además, debemos considerar dos entradas teóricas que privilegian el rol de los actores: el desarrollo local y el empoderamiento. El Desarrollo Local, habla de “Proceso de desarrollo humano integral que parte y se verifica en espacios locales en los que las personas se encuentran y relacionan entre sí y pueden crecer en seis dimensiones, lo social, económico, político, cultural, ético, ecológico” ; otro concepto desarrollado es “proceso concertado de construcción de capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos territoriales político administrativos del nivel local, que deben constituirse en unidades de planificación, de diseño de políticas, estrategias y proyectos de desarrollo en base a los recursos, necesidades e iniciativas locales” . Ambos casos evidencian que si el proceso de desarrollo de carácter integral se circunscribe a un territorio específico estamos hablando de Desarrollo Local que no significa distrital, provincial o regional, sino es un espacio físico, que “puede ser un barrio, una zona, una micro región, un país, en donde existan un conjunto de elementos en interacción dinámica, localizado dentro de los límites...” , en este caso específico nos referimos al espacio de Lima Metropolitana.
El desarrollo local entonces, privilegia un tipo de desarrollo, el desarrollo endógeno, es decir; considera las potencialidades y a los actores de cada territorio, e invita a una participación activa de los mismos en los procesos diversos que enfrentan las ciudades. En este caso, una lectura desde el desarrollo local se hace necesaria debido a los niveles de participación de los líderes, dirigentes y miembros de las organizaciones sociales, porque a lo largo de los años han participado desde sus actuales organizaciones o desde las territoriales, en las decisiones que influenciaron la construcción de sus localidades.
Por otro lado, se resalta al ser humano, entendiéndolo no sólo como objeto sino también como sujeto de su propio desarrollo, donde las capacidades humanas se generen adecuadamente y exista la capacidad de toma de decisiones que permitan insertarse exitosamente en espacios mayores a su ámbito de intervención, estas decisiones se darán en todos los sectores tanto públicos como privados, buscando actuar de manera coordinada y consensuada para alcanzar el desarrollo armónico. Este desarrollo implica el uso adecuado y sostenible de los recursos de un territorio (humanos, financieros, de infraestructura, etc.).
Y estos pasa en todos los ámbitos territoriales, pero es en las ciudades, que son cada vez más independientes, autónomas y con otro tipo de responsabilidades, las que son llamadas a promover procesos de desarrollo tomando en cuenta todas estas condiciones preexistentes, tanto a nivel interno como externo. Por ello algunos hablan de lo glocal (Robertson: 1992), refiriéndose con ello a que desde las ciudades se debe actuar local y pensar global, tomar las decisiones en los territorios micro de acuerdo a las tendencias del sistema mundo, tanto económicas, políticas, energéticas, financieras, etc.
Por otro lado, el empoderamiento proviene del verbo en inglés empower, asociado a la idea de que una persona ejerce poder. En la realidad latinoamericana, sin embargo, el significado depende del contexto social y político en el cual se aplique. Los términos castellanos mejor asociados al concepto de empoderamiento son: autofortalecimiento, control, poder propio, autoconfianza, decisión propia, vida digna de acuerdo con valores, capacidad para luchar por derechos, independencia, tomar decisiones de manera autónoma y ser libre, entre otros.
Según el Banco Mundial, el empoderamiento implica tres procesos fundamentales: (i) la transformación de la pasividad en acción, (ii) el desarrollo del poder de una persona o comunidad sobre sí misma, y (iii) el descubrimiento de la realidad para fortalecer capacidades y superar dificultades .
En una perspectiva más amplia, empoderamiento significa aumentar la autoridad y el poder del individuo sobre los recursos y las decisiones que afectan su vida; la expansión de la libertad de escoger y actuar sobre las circunstancias socioeconómicas y políticas que lo afectan. En la medida en que los pobres comienzan realmente a escoger y decidir cómo enfrentar sus problemas, van incrementando el control sobre sus propias vidas.
De acuerdo con este punto de vista, el empoderamiento se refiere al incremento de los activos y las capacidades de grupos e individuos diversos, con el objetivo de participar, negociar, influir y controlar aspectos que afectan su bienestar.
Para lograr el empoderamiento es necesario promover el desarrollo de capacidades individuales y colectivas de la población, de modo que éstas aprovechen las oportunidades que el entorno les brinda , permitiéndoles contar con bienes y servicios para acceder o mantener un nivel de vida adecuado. Este desarrollo de capacidades debe estar acompañado de una expansión de las mismas para poder elegir y actuar.
En este sentido, empoderar implica remover aquellas barreras institucionales formales e informales que impiden a los individuos emprender acciones para aumentar su bienestar y limitan sus capacidades de elección .
El empoderamiento contempla cuatro aspectos claves para lograr la remoción de las barreras económicas, sociales, políticas y culturales que obstaculizan la capacidad de los individuos de elegir y acceder a oportunidades: (i) acceso a información, (ii) inclusión y participación, (iii) responsabilidad o rendición de cuentas, y (iv) capacidad organizativas locales.
El acceso a información se torna un elemento clave para el empoderamiento, en tanto que los ciudadanos informados están mejor preparados para aprovechar oportunidades, obtener servicios, velar por sus derechos, asumir sus deberes, negociar eficazmente, y controlar las acciones del Estado y de los actores no estatales. Es necesario que las poblaciones pobres cuenten con información relevante, oportuna, clara y comprensible para que puedan actuar de una manera adecuada.
El empoderamiento, utilizado como medio para alcanzar un mayor desarrollo, requiere de una inclusión social que permita la eliminación de obstáculos institucionales y, a la vez, el desarrollo de incentivos que aumenten el acceso de diversas poblaciones a oportunidades de desarrollo, capacidades y activos.
Es precisamente esta necesidad de inclusión social, la que se ha visto negada en el país, pues en la actualidad, muchas personas viven y se autodefinen como excluidos, en medio de un clima político adverso donde la representatividad está cada vez más en duda.
lmarin@socialconsultores.com
Empezaremos con las teorías estructuralistas perfiladas por Anthony Giddens en las nuevas reglas del método sociológico. La teoría de la “estructuración” formulada por Anthony Giddens en los años setenta y expuesta plenamente en su obra: La Constitución de la Sociedad (Giddens, 1984), intenta no sólo conceptualizar el dualismo “estructura-agencia”, sino que ofrece una manera de vencer este dualismo afirmando que la estructura misma es dual: la dualidad de la estructura.
Es así como Anthony Giddens va a la vanguardia en formular una teoría que da cuenta de un fenómeno muy poco trabajado dentro de las ciencias sociales: la modalidad en que los sistemas sociales se constituyen a través del tiempo y del espacio . Para avanzar hacia esta dirección, reformula el trabajo del geógrafo sueco T. Hägestrand y desarrolla el concepto “locale” para delimitar el espacio que proporciona un contexto para la interacción humana y se constituye en el elemento básico para determinar la zonificación de las interacciones sociales rutinarias. Un elemento central en la teoría de la estructuración, son las prácticas sociales que se suceden en el espacio-tiempo (Giddens, 1984, 10-139).
Además, debemos considerar dos entradas teóricas que privilegian el rol de los actores: el desarrollo local y el empoderamiento. El Desarrollo Local, habla de “Proceso de desarrollo humano integral que parte y se verifica en espacios locales en los que las personas se encuentran y relacionan entre sí y pueden crecer en seis dimensiones, lo social, económico, político, cultural, ético, ecológico” ; otro concepto desarrollado es “proceso concertado de construcción de capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos territoriales político administrativos del nivel local, que deben constituirse en unidades de planificación, de diseño de políticas, estrategias y proyectos de desarrollo en base a los recursos, necesidades e iniciativas locales” . Ambos casos evidencian que si el proceso de desarrollo de carácter integral se circunscribe a un territorio específico estamos hablando de Desarrollo Local que no significa distrital, provincial o regional, sino es un espacio físico, que “puede ser un barrio, una zona, una micro región, un país, en donde existan un conjunto de elementos en interacción dinámica, localizado dentro de los límites...” , en este caso específico nos referimos al espacio de Lima Metropolitana.
El desarrollo local entonces, privilegia un tipo de desarrollo, el desarrollo endógeno, es decir; considera las potencialidades y a los actores de cada territorio, e invita a una participación activa de los mismos en los procesos diversos que enfrentan las ciudades. En este caso, una lectura desde el desarrollo local se hace necesaria debido a los niveles de participación de los líderes, dirigentes y miembros de las organizaciones sociales, porque a lo largo de los años han participado desde sus actuales organizaciones o desde las territoriales, en las decisiones que influenciaron la construcción de sus localidades.
Por otro lado, se resalta al ser humano, entendiéndolo no sólo como objeto sino también como sujeto de su propio desarrollo, donde las capacidades humanas se generen adecuadamente y exista la capacidad de toma de decisiones que permitan insertarse exitosamente en espacios mayores a su ámbito de intervención, estas decisiones se darán en todos los sectores tanto públicos como privados, buscando actuar de manera coordinada y consensuada para alcanzar el desarrollo armónico. Este desarrollo implica el uso adecuado y sostenible de los recursos de un territorio (humanos, financieros, de infraestructura, etc.).
Y estos pasa en todos los ámbitos territoriales, pero es en las ciudades, que son cada vez más independientes, autónomas y con otro tipo de responsabilidades, las que son llamadas a promover procesos de desarrollo tomando en cuenta todas estas condiciones preexistentes, tanto a nivel interno como externo. Por ello algunos hablan de lo glocal (Robertson: 1992), refiriéndose con ello a que desde las ciudades se debe actuar local y pensar global, tomar las decisiones en los territorios micro de acuerdo a las tendencias del sistema mundo, tanto económicas, políticas, energéticas, financieras, etc.
Por otro lado, el empoderamiento proviene del verbo en inglés empower, asociado a la idea de que una persona ejerce poder. En la realidad latinoamericana, sin embargo, el significado depende del contexto social y político en el cual se aplique. Los términos castellanos mejor asociados al concepto de empoderamiento son: autofortalecimiento, control, poder propio, autoconfianza, decisión propia, vida digna de acuerdo con valores, capacidad para luchar por derechos, independencia, tomar decisiones de manera autónoma y ser libre, entre otros.
Según el Banco Mundial, el empoderamiento implica tres procesos fundamentales: (i) la transformación de la pasividad en acción, (ii) el desarrollo del poder de una persona o comunidad sobre sí misma, y (iii) el descubrimiento de la realidad para fortalecer capacidades y superar dificultades .
En una perspectiva más amplia, empoderamiento significa aumentar la autoridad y el poder del individuo sobre los recursos y las decisiones que afectan su vida; la expansión de la libertad de escoger y actuar sobre las circunstancias socioeconómicas y políticas que lo afectan. En la medida en que los pobres comienzan realmente a escoger y decidir cómo enfrentar sus problemas, van incrementando el control sobre sus propias vidas.
De acuerdo con este punto de vista, el empoderamiento se refiere al incremento de los activos y las capacidades de grupos e individuos diversos, con el objetivo de participar, negociar, influir y controlar aspectos que afectan su bienestar.
Para lograr el empoderamiento es necesario promover el desarrollo de capacidades individuales y colectivas de la población, de modo que éstas aprovechen las oportunidades que el entorno les brinda , permitiéndoles contar con bienes y servicios para acceder o mantener un nivel de vida adecuado. Este desarrollo de capacidades debe estar acompañado de una expansión de las mismas para poder elegir y actuar.
En este sentido, empoderar implica remover aquellas barreras institucionales formales e informales que impiden a los individuos emprender acciones para aumentar su bienestar y limitan sus capacidades de elección .
El empoderamiento contempla cuatro aspectos claves para lograr la remoción de las barreras económicas, sociales, políticas y culturales que obstaculizan la capacidad de los individuos de elegir y acceder a oportunidades: (i) acceso a información, (ii) inclusión y participación, (iii) responsabilidad o rendición de cuentas, y (iv) capacidad organizativas locales.
El acceso a información se torna un elemento clave para el empoderamiento, en tanto que los ciudadanos informados están mejor preparados para aprovechar oportunidades, obtener servicios, velar por sus derechos, asumir sus deberes, negociar eficazmente, y controlar las acciones del Estado y de los actores no estatales. Es necesario que las poblaciones pobres cuenten con información relevante, oportuna, clara y comprensible para que puedan actuar de una manera adecuada.
El empoderamiento, utilizado como medio para alcanzar un mayor desarrollo, requiere de una inclusión social que permita la eliminación de obstáculos institucionales y, a la vez, el desarrollo de incentivos que aumenten el acceso de diversas poblaciones a oportunidades de desarrollo, capacidades y activos.
Es precisamente esta necesidad de inclusión social, la que se ha visto negada en el país, pues en la actualidad, muchas personas viven y se autodefinen como excluidos, en medio de un clima político adverso donde la representatividad está cada vez más en duda.
Algunos estudios sobre participación ciudadana, ciudadanía y ciudad
Por: Lic. Luis Marín
lmarin@socialconsultores.com
Los estudios que se ocupan de los procesos participativos de la década del ochenta, fueron motivados principalmente por el auge de la participación popular en una década en la que los gobiernos de izquierda detentaban el poder e innovaron en el Gobierno local, por sus propuestas participativas ciertamente inclusivas, aunque no necesariamente efectivas. Algunos de los estudios más representativos de esa época pueden ser los de Henry Pease (Construyendo un gobierno Metropolitano: políticas municipales 1984 - 1986), o el de calderón Cockburn (Izquierda y democracia: entre la utopía y la realidad. Tres municipios en Lima). Este último es de particular importancia para nuestros intereses ya que estudia los procesos participativos en tres distritos de Lima, uno de ellos es San Martín de Porres. Además revisaremos lo trabajado en Conquistadores de un nuevo mundo: De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres, publicado en 1986 por el Instituto de Estudios Peruanos. Esta obra que reúne a Carlos Iván Degregori, Nicolás Lynch y Cecilia Blondet.
Cockburn y Villanueva (Izquierda y democracia: entre la utopía y la realidad. Tres municipios en Lima) tratan de describir y caracterizar tres municipios en Lima Metropolitana, que tienen como característica común el haber elegido a gobernantes de la llamada Izquierda Unida en las elecciones de 1980, las primeras elecciones democráticas de alcaldes desde la década del sesenta. Lo más resaltante del estudio de estos autores, es que describen detalladamente la raíz izquierdista de los burgomaestres que se suceden durante tres periodos consecutivos, y establecen que, de acuerdo a la relación con el partido y sus facciones, se construye una forma particular de relacionarse con los ciudadanos. En esta publicación también se destaca el proceso en que la crisis económica va mellando las formas de hacer política desde el gobierno local, y además, las formas en que la población responde a los problemas distritales, llevando a cabo procesos de movilización sinal que responden precisamente a lo álgido de sus carencias. Es de particular interés para nosotros, este último punto, ya que se considera como antecedente directo a la participación auspiciada por el gobierno local y comprendida en la legislación de esta época. Rescatamos el esfuerzo de los autores por entregarnos un panorama mas o menos claro de las formas en que la población buscadaza su inclusión a la ciudad mediante la exigencia y acción para la consecución de sus derechos sociales.
El texto compilado por Pease: Construyendo un gobierno Metropolitano: políticas municipales 1984 – 1986, podría decirse que es una revisión de la primera respuesta de los gobiernos locales luego de tres años de experiencia democrático participativa, esta obra, según Pease, “es un intento de repensar las políticas municipales diseñadas y aplicadas en un período de gobierno local, el que corresponde con la administración de Izquierda Unida presidida por el alcalde Alfonso Barrantes entre 1984 y 1986”. Sin duda, pensar en la articulación de los núcleos municipales locales, desde una perspectiva metropolitana, es un ejercicio que vale la pena revisar, puesto que en el texto se destacan los programas municipales, su formulación, ejecución y su respectivo monitoreo. Este es un encuentro entre lo que se esperaba encontrar en la realidad y lo encontrado. Desde el gobierno metropolitano, se construyen también visiones y formas de entender la política, que no calzan necesariamente con la realidad de una Lima que se consolida en algunas partes, pero que conserva segmentos emergentes de población. Es decir, de una Lima no integrada y no pensada como un todo, menos desde el ámbito metropolitano, pero que está en un claro esfuerzo –la población y sus nuevas autoridades- por encontrar un sentido, una salida común que recoja las inquietudes de todos en el nuevo juego democrático.
Por otro lado, en Conquistadores de un nuevo mundo: De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres, se hace un estudio de caso de una parte del distrito de San Martín de Porres, de la zona de Cruz de Mayo. En este interesante estudio se revisa el proceso de urbanización de Lima, que se ve reflejado en esta pequeña zona a orillas del río Rímac. Las migraciones han sido sin duda, un fenómeno a gran escala que ha cambiado la estructura de la sociedad peruana y las formas de relación entre los individuos. Muchos de los procesos de urbanización están ligados a procesos de autoconstrucción popular, en los que migrantes se hacen ciudadanos haciendo su propia ciudad. Esta idea es transversal a todo nuestro estudio, ya que creemos que es en este proceso en el que se ha reflejado las potencialidades de una población que consolidó su territorio, basándose en grandes esfuerzos organizativos, que dan cuenta a su vez de las estrategias con las que la población se relacionaba con el Estado.
Los estudios de la década del noventa han sido numerosos y frondosos, han abarcado un sinnúmero de manifestaciones de movilización popular, que de alguna manera nos sirven para contextualizar la etapa previa de nuestro estudio, ya que es precisamente el factor de lo que se ha llamado la década de la antipolítica, aunado con los efectos de veinte años de violencia política en nuestro país, lo que creemos ha debilitado las formas de participación ciudadana en nuestro país.
Algunos de los trabajos más significativos durante esta época, pueden ser los del Instituto de Estudios Peruanos. Empezaremos por el trabajo de principios de esta década, sobre empresarios migrantes en la “nueva Lima”, el trabajo de Norma Adams y Néstor Valdivia: Los otros empresarios: ética de migrantes y formación de empresas en Lima. Este trabajo da cuenta de las estrategias de inserción de los nuevos limeños en Lima Metropolitana, particularmente en la zona comercial de Gamarra, ubicada en el distrito de La Victoria. A partir del recojo de información mediante historias de vida, se reconstruye la trayectoria de estos migrantes que, haciendo uso de sus redes sociales (o redes de paisanaje) se inscriben en lo que podría denominarse la Lima pujante de fin de siglo. Con todas las limitaciones estructurales que conlleva un proceso de migración, estos provincianos surgen escalando paso a paso y lentamente, el camino hacia su independencia económica, pero a su vez su independencia social. Si hemos dicho que antes del noventa hubo ciudadanos que se hicieron haciendo ciudad, podemos decir que el estudio de Adams y Valdivia recoge el tránsito de una subordinación a un paulatino empoderamiento, expresado ya en algunas zonas de Lima en la que los nuevos ricos se adueñan del territorio, llevando sus costumbres, prácticas y creencias, peor más allá de ello, legitimándolas en la costa.
Otro de los textos pertinentes de revisar para esta investigación, es Cono Norte: problemas y posibilidades. Este texto apareció a principios de la década, y significa un precedente que nos acerca a la configuración de lo que hoy se denomina Lima Norte. Algunos de los temas tratados en este texto, ya habían sido explorados por Cockburn y Villanueva. En Cono Norte se describen algunas importantes formas de organización social e innovaciones en las formas de hacer política de esta izquierda ahora en el poder. A lo largo del texto se resalta el incremento de la importancia de las organizaciones vecinales, tanto para efectos de diagnóstico como por los procesos que ellas emprenden, en los que se encuentran los representantes de las organizaciones vecinales con los funcionarios municipales, sindicatos de trabajadores, y otras organizaciones. Se percibe que en la época estudiada, las diferencias no eran tan amplias entre estos grupos, y se conservaba aún el sentido de comunidad.
A finales de la década, apareció un texto compilado por Martín Tanaka. En El poder visto desde Abajo: democracia, educación y ciudadanía en espacios locales, quien a lo largo de varios textos reflexiona acerca de la democracia, de sus autores y sus características diversas, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los distritos. Particularmente, en el texto sobre el caso del Agustino, Tanaka reflexiona acerca de la naturaleza de los movimientos sociales, que con la construcción de la ciudad mediante las luchas por los servicios, se va paulatinamente convirtiendo en ciudadano. Este argumento es transversal a lo largo de diversas investigaciones. El doblamiento de Lima y las formas de asentamiento se relacionan directamente con las formas de organización social y las preocupaciones con lo público.
Entre los estudios posteriores al año 2000, y que incorporan los nuevos espacios de concertación ciudadana, se encuentran dos autores que pensamos centrales para nuestro estudio: Jaime Joseph e Isabel Remy. El primero, ha venido trabajando el tema de la participación popular en el crecimiento de la ciudad a lo largo de varios trabajos. Para nuestro estudio, revisaremos La ciudad, la crisis y las salidas: democracia y desarrollo en espacios urbanos meso, publicado el año 2005, en dicho texto el autor repasa diversas experiencias de participación ciudadana sucedidas en la parte norte de Lima metropolitana, haciendo un análisis de los procesos paralelos entre lo que él llama bifurcación de nuestras ciudades y la fragmentación.
Por otro lado, Isabel Remy, en Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú: un reconocimiento del terreno y algunas reflexiones, a partir de análisis de caso de diversas fuentes, nos acerca a reflexiones generales acerca del comportamiento de la ciudadanía frente a los nuevos espacios participativos, pero también nos acerca a una tipificación de los tipos de participación, frente a los viejos y nuevos espacios.
Como hemos visto, las entradas a los estudios de la participación ciudadana son variadas, de diversos tipos y con enfoques más o menos establecidos. Los estudios desde el terreno se encuentran enmarcados en análisis que surge desde lo práctico. En la mayoría de los casos, estos estudios dan cuenta de un panorama en el que el peso de la participación popular y la interacción con las autoridades reflejan las prioridades de los pobladores, en su tránsito a ciudadanos, y nos llevan de la mano por los procesos de construcción de ciudadanía, exigiendo derechos civiles, sociales, y políticos, no necesariamente en ese orden.
lmarin@socialconsultores.com
Los estudios que se ocupan de los procesos participativos de la década del ochenta, fueron motivados principalmente por el auge de la participación popular en una década en la que los gobiernos de izquierda detentaban el poder e innovaron en el Gobierno local, por sus propuestas participativas ciertamente inclusivas, aunque no necesariamente efectivas. Algunos de los estudios más representativos de esa época pueden ser los de Henry Pease (Construyendo un gobierno Metropolitano: políticas municipales 1984 - 1986), o el de calderón Cockburn (Izquierda y democracia: entre la utopía y la realidad. Tres municipios en Lima). Este último es de particular importancia para nuestros intereses ya que estudia los procesos participativos en tres distritos de Lima, uno de ellos es San Martín de Porres. Además revisaremos lo trabajado en Conquistadores de un nuevo mundo: De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres, publicado en 1986 por el Instituto de Estudios Peruanos. Esta obra que reúne a Carlos Iván Degregori, Nicolás Lynch y Cecilia Blondet.
Cockburn y Villanueva (Izquierda y democracia: entre la utopía y la realidad. Tres municipios en Lima) tratan de describir y caracterizar tres municipios en Lima Metropolitana, que tienen como característica común el haber elegido a gobernantes de la llamada Izquierda Unida en las elecciones de 1980, las primeras elecciones democráticas de alcaldes desde la década del sesenta. Lo más resaltante del estudio de estos autores, es que describen detalladamente la raíz izquierdista de los burgomaestres que se suceden durante tres periodos consecutivos, y establecen que, de acuerdo a la relación con el partido y sus facciones, se construye una forma particular de relacionarse con los ciudadanos. En esta publicación también se destaca el proceso en que la crisis económica va mellando las formas de hacer política desde el gobierno local, y además, las formas en que la población responde a los problemas distritales, llevando a cabo procesos de movilización sinal que responden precisamente a lo álgido de sus carencias. Es de particular interés para nosotros, este último punto, ya que se considera como antecedente directo a la participación auspiciada por el gobierno local y comprendida en la legislación de esta época. Rescatamos el esfuerzo de los autores por entregarnos un panorama mas o menos claro de las formas en que la población buscadaza su inclusión a la ciudad mediante la exigencia y acción para la consecución de sus derechos sociales.
El texto compilado por Pease: Construyendo un gobierno Metropolitano: políticas municipales 1984 – 1986, podría decirse que es una revisión de la primera respuesta de los gobiernos locales luego de tres años de experiencia democrático participativa, esta obra, según Pease, “es un intento de repensar las políticas municipales diseñadas y aplicadas en un período de gobierno local, el que corresponde con la administración de Izquierda Unida presidida por el alcalde Alfonso Barrantes entre 1984 y 1986”. Sin duda, pensar en la articulación de los núcleos municipales locales, desde una perspectiva metropolitana, es un ejercicio que vale la pena revisar, puesto que en el texto se destacan los programas municipales, su formulación, ejecución y su respectivo monitoreo. Este es un encuentro entre lo que se esperaba encontrar en la realidad y lo encontrado. Desde el gobierno metropolitano, se construyen también visiones y formas de entender la política, que no calzan necesariamente con la realidad de una Lima que se consolida en algunas partes, pero que conserva segmentos emergentes de población. Es decir, de una Lima no integrada y no pensada como un todo, menos desde el ámbito metropolitano, pero que está en un claro esfuerzo –la población y sus nuevas autoridades- por encontrar un sentido, una salida común que recoja las inquietudes de todos en el nuevo juego democrático.
Por otro lado, en Conquistadores de un nuevo mundo: De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres, se hace un estudio de caso de una parte del distrito de San Martín de Porres, de la zona de Cruz de Mayo. En este interesante estudio se revisa el proceso de urbanización de Lima, que se ve reflejado en esta pequeña zona a orillas del río Rímac. Las migraciones han sido sin duda, un fenómeno a gran escala que ha cambiado la estructura de la sociedad peruana y las formas de relación entre los individuos. Muchos de los procesos de urbanización están ligados a procesos de autoconstrucción popular, en los que migrantes se hacen ciudadanos haciendo su propia ciudad. Esta idea es transversal a todo nuestro estudio, ya que creemos que es en este proceso en el que se ha reflejado las potencialidades de una población que consolidó su territorio, basándose en grandes esfuerzos organizativos, que dan cuenta a su vez de las estrategias con las que la población se relacionaba con el Estado.
Los estudios de la década del noventa han sido numerosos y frondosos, han abarcado un sinnúmero de manifestaciones de movilización popular, que de alguna manera nos sirven para contextualizar la etapa previa de nuestro estudio, ya que es precisamente el factor de lo que se ha llamado la década de la antipolítica, aunado con los efectos de veinte años de violencia política en nuestro país, lo que creemos ha debilitado las formas de participación ciudadana en nuestro país.
Algunos de los trabajos más significativos durante esta época, pueden ser los del Instituto de Estudios Peruanos. Empezaremos por el trabajo de principios de esta década, sobre empresarios migrantes en la “nueva Lima”, el trabajo de Norma Adams y Néstor Valdivia: Los otros empresarios: ética de migrantes y formación de empresas en Lima. Este trabajo da cuenta de las estrategias de inserción de los nuevos limeños en Lima Metropolitana, particularmente en la zona comercial de Gamarra, ubicada en el distrito de La Victoria. A partir del recojo de información mediante historias de vida, se reconstruye la trayectoria de estos migrantes que, haciendo uso de sus redes sociales (o redes de paisanaje) se inscriben en lo que podría denominarse la Lima pujante de fin de siglo. Con todas las limitaciones estructurales que conlleva un proceso de migración, estos provincianos surgen escalando paso a paso y lentamente, el camino hacia su independencia económica, pero a su vez su independencia social. Si hemos dicho que antes del noventa hubo ciudadanos que se hicieron haciendo ciudad, podemos decir que el estudio de Adams y Valdivia recoge el tránsito de una subordinación a un paulatino empoderamiento, expresado ya en algunas zonas de Lima en la que los nuevos ricos se adueñan del territorio, llevando sus costumbres, prácticas y creencias, peor más allá de ello, legitimándolas en la costa.
Otro de los textos pertinentes de revisar para esta investigación, es Cono Norte: problemas y posibilidades. Este texto apareció a principios de la década, y significa un precedente que nos acerca a la configuración de lo que hoy se denomina Lima Norte. Algunos de los temas tratados en este texto, ya habían sido explorados por Cockburn y Villanueva. En Cono Norte se describen algunas importantes formas de organización social e innovaciones en las formas de hacer política de esta izquierda ahora en el poder. A lo largo del texto se resalta el incremento de la importancia de las organizaciones vecinales, tanto para efectos de diagnóstico como por los procesos que ellas emprenden, en los que se encuentran los representantes de las organizaciones vecinales con los funcionarios municipales, sindicatos de trabajadores, y otras organizaciones. Se percibe que en la época estudiada, las diferencias no eran tan amplias entre estos grupos, y se conservaba aún el sentido de comunidad.
A finales de la década, apareció un texto compilado por Martín Tanaka. En El poder visto desde Abajo: democracia, educación y ciudadanía en espacios locales, quien a lo largo de varios textos reflexiona acerca de la democracia, de sus autores y sus características diversas, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los distritos. Particularmente, en el texto sobre el caso del Agustino, Tanaka reflexiona acerca de la naturaleza de los movimientos sociales, que con la construcción de la ciudad mediante las luchas por los servicios, se va paulatinamente convirtiendo en ciudadano. Este argumento es transversal a lo largo de diversas investigaciones. El doblamiento de Lima y las formas de asentamiento se relacionan directamente con las formas de organización social y las preocupaciones con lo público.
Entre los estudios posteriores al año 2000, y que incorporan los nuevos espacios de concertación ciudadana, se encuentran dos autores que pensamos centrales para nuestro estudio: Jaime Joseph e Isabel Remy. El primero, ha venido trabajando el tema de la participación popular en el crecimiento de la ciudad a lo largo de varios trabajos. Para nuestro estudio, revisaremos La ciudad, la crisis y las salidas: democracia y desarrollo en espacios urbanos meso, publicado el año 2005, en dicho texto el autor repasa diversas experiencias de participación ciudadana sucedidas en la parte norte de Lima metropolitana, haciendo un análisis de los procesos paralelos entre lo que él llama bifurcación de nuestras ciudades y la fragmentación.
Por otro lado, Isabel Remy, en Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú: un reconocimiento del terreno y algunas reflexiones, a partir de análisis de caso de diversas fuentes, nos acerca a reflexiones generales acerca del comportamiento de la ciudadanía frente a los nuevos espacios participativos, pero también nos acerca a una tipificación de los tipos de participación, frente a los viejos y nuevos espacios.
Como hemos visto, las entradas a los estudios de la participación ciudadana son variadas, de diversos tipos y con enfoques más o menos establecidos. Los estudios desde el terreno se encuentran enmarcados en análisis que surge desde lo práctico. En la mayoría de los casos, estos estudios dan cuenta de un panorama en el que el peso de la participación popular y la interacción con las autoridades reflejan las prioridades de los pobladores, en su tránsito a ciudadanos, y nos llevan de la mano por los procesos de construcción de ciudadanía, exigiendo derechos civiles, sociales, y políticos, no necesariamente en ese orden.
El rol de la participación ciudadana en la planificación urbana
Por: Lic. Luis Marín
lmarin@socialconsultores.com
La participación ciudadana en el planeamiento de la ciudad involucra los procesos de participación en cuanto a presupuestos y planificación del desarrollo. Dichos procesos se incorporaron a la administración municipal a partir de las nuevas normas promulgadas durante el Gobierno de Valentín Paniagua (Noviembre 2000 a Julio de 2001). A partir de este periodo, las administraciones municipales se vieron obligadas por ley a incorporar en la planificación presupuestal la participación popular. Igualmente sucede con la planificación del desarrollo. Toda la metodología de dichos procesos se diseñó desde el Ministerio de Economía del Perú, y se puso en práctica muy rápido. El aprendizaje sin embargo, ha sido lento, desde la administración municipal y desde los actores de la sociedad civil. Algunos de los problemas que se suceden son la escasa participación, la participación acotada por el poder local – municipal, la naturaleza de las propuestas de la población, que suelen ser elaboradas en términos de demanda mas que de propuesta, el centralismo dirigencial en el distrito, etc.
En San Martín de Porres algunas de las causas de dichos problemas son el descrédito del sistema político, expresado en los escasos niveles participativos -algunos involucrados en dichos procesos afirman que los dirigentes no representan ni el 2% de la población total del distrito-. Otra posible causa es el paso por el denominado boom tecnocrático en época fujimorista que debilitó la participación popular y elitizó en dichos técnicos el diseño de políticas locales y nacionales. A ello se suma la débil institucionalidad democrática, efecto de la década de la despolitización de las clases populares, el descrédito del sistema político y de sus instrumentos para gobernar la ciudad, la patente ausencia de partidos políticos, defectos mismos del sistema, como el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no contempla las realidades locales y no busca empoderar a la población, la desorganización de la sociedad civil, que no hace posible que se generen compromisos de larga data con ellas, las viejas prácticas clientelistas desde el poder local y organizaciones ajustadas a dichas prácticas.
En general, dicho distrito se encuentra estancado, lo que se puede evidenciar con el rezago en la infraestructura, falta de liderazgo desde el poder local, carga de personal estable en la Municipalidad que la hace prácticamente ingobernable, el inadecuado manejo de los fondos de inversión, etc.
A nivel municipal, los múltiples problemas urbanos (mal manejo de residuos sólidos, desarticulación vial, etc. ) también son una pesada carga para cualquier administración, a ello se suman los funcionarios enquistados en el poder –y algunos en la corrupción- desde hace muchos años, protegidos por un sistema de “nombramientos” que hace imposible la remoción de funcionarios ineficientes, la predominancia de la idea del Estado como un botín, que evidencia un escaso reconocimiento de lo público, pues lo público se asume como de terreno privado (desde lo municipal y desde la sociedad civil).
Existe, una fuerte desinformación -o falta de difusión- de procesos participativos y sus resultados, que es causada porque los ejercicios participativos como obligatorios y necesarios por existir punición, la desarticulación entre los planes locales y las instancias metropolitanas y nacionales, entre otras cosas.
Los procesos de participación ciudadana en el distrito de San Martín de Porres han sido y están siendo afectados por una serie de fenómenos y problemas que tienen que ver con los distintos niveles de influencia del poder político, en diversos estratos, con el diseño de las metodologías “desde arriba” y sobretodo con las funestas consecuencias de la década en que la participación popular fue atacada por la política del gobierno central, que veía en los poderes locales posibles rivales electorales. Siendo además, de capital importancia la actitud de la población para con los nuevos espacios participativos “meso”, y para con las autoridades municipales.
Con espacios participativos meso, sugerimos un análisis de los espacios de participación de acuerdo a niveles de participación, sean estos territoriales o de acuerdo al nivel o estrato del gobierno con el que se interactúa. Así, establecemos tres niveles: macro, meso y micro; en donde el nivel macro representa las instancias de participación de índole nacional, generalmente con los ministerios, o con el Poder Ejecutivo, aunque no necesariamente. El nivel micro es aquel que se ocupa de los problemas de territorios pequeños, o de pequeñas comunidades, en los que generalmente se encuentran organizaciones sociales territoriales (juntas de vecinos, directivas de urbanizaciones, etc). Con nivel meso, nos referimos al nivel intermedio entre lo local y lo nacional, es el nivel en el que se encuentran los nuevos espacios de participación ciudadana, los denominados Consejos de Coordinación Local Distrital , los Presupuestos Participativos, las Mesas de Concertación, etc.
Privilegiamos una entrada con enfoque distrital, ya que precisamente la alta complejidad de la división político administrativa en Lima Metropolitana, es la que creemos sesga las visiones de los pobladores de cada urbe, además de hacer más compleja aún la búsqueda de soluciones para los distintos problemas territoriales.
Considerando todo lo anterior, podemos afirmar a manera de pronóstico que la participación ciudadana seguirá siendo problemática, poco difundida y fuertemente cuestionada por la población –los que la conocen- , además, seguirán siendo procesos aislados que muchas veces están orientados a cumplir la reglamentación para evitar sanción en vez de tener la legítima aspiración de recoger las inquietudes y propuestas, basadas en necesidades, de la población del distrito. Por último, los resultados de dichos procesos serán cada vez menos legítimos y representarán nada o casi nada las iniciativas de la población.
Podrían paliarse dichos problemas si desde las diversas instituciones se establece el rediseño de los programas -y su metodología- de planificación participativa, considerando los alcances de académicos, profesionales y de la misma población mediante sus organizaciones sociales, que contemplen un balance al poder edil y una mayor institucionalidad de la representación en los CCL, es decir, que los diseños de programas de participación y planificación no sean una “caja negra” a la que solo pueden tener acceso ciertos tipos de actores, con determinadas competencias.
Consideramos que como dichos procesos se mueven en el terreno de lo público, y por ende, del ámbito político, todos podemos aportar a su mejora y perfeccionamiento. Por otra parte, consideramos que se pueden aplicar programas de capacitación y difusión de las experiencias exitosas de participación, sus alcances y potencialidades, programas de asesoramiento continuo desde el Estado hacia los participantes civiles, se deben flexibilizar los requisitos para acceder a los procesos de planificación participativa y por último, rediseñar los organigramas y formas de gestión municipal eliminando o disminuyendo los “pasivos” de administraciones anteriores.
lmarin@socialconsultores.com
La participación ciudadana en el planeamiento de la ciudad involucra los procesos de participación en cuanto a presupuestos y planificación del desarrollo. Dichos procesos se incorporaron a la administración municipal a partir de las nuevas normas promulgadas durante el Gobierno de Valentín Paniagua (Noviembre 2000 a Julio de 2001). A partir de este periodo, las administraciones municipales se vieron obligadas por ley a incorporar en la planificación presupuestal la participación popular. Igualmente sucede con la planificación del desarrollo. Toda la metodología de dichos procesos se diseñó desde el Ministerio de Economía del Perú, y se puso en práctica muy rápido. El aprendizaje sin embargo, ha sido lento, desde la administración municipal y desde los actores de la sociedad civil. Algunos de los problemas que se suceden son la escasa participación, la participación acotada por el poder local – municipal, la naturaleza de las propuestas de la población, que suelen ser elaboradas en términos de demanda mas que de propuesta, el centralismo dirigencial en el distrito, etc.
En San Martín de Porres algunas de las causas de dichos problemas son el descrédito del sistema político, expresado en los escasos niveles participativos -algunos involucrados en dichos procesos afirman que los dirigentes no representan ni el 2% de la población total del distrito-. Otra posible causa es el paso por el denominado boom tecnocrático en época fujimorista que debilitó la participación popular y elitizó en dichos técnicos el diseño de políticas locales y nacionales. A ello se suma la débil institucionalidad democrática, efecto de la década de la despolitización de las clases populares, el descrédito del sistema político y de sus instrumentos para gobernar la ciudad, la patente ausencia de partidos políticos, defectos mismos del sistema, como el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no contempla las realidades locales y no busca empoderar a la población, la desorganización de la sociedad civil, que no hace posible que se generen compromisos de larga data con ellas, las viejas prácticas clientelistas desde el poder local y organizaciones ajustadas a dichas prácticas.
En general, dicho distrito se encuentra estancado, lo que se puede evidenciar con el rezago en la infraestructura, falta de liderazgo desde el poder local, carga de personal estable en la Municipalidad que la hace prácticamente ingobernable, el inadecuado manejo de los fondos de inversión, etc.
A nivel municipal, los múltiples problemas urbanos (mal manejo de residuos sólidos, desarticulación vial, etc. ) también son una pesada carga para cualquier administración, a ello se suman los funcionarios enquistados en el poder –y algunos en la corrupción- desde hace muchos años, protegidos por un sistema de “nombramientos” que hace imposible la remoción de funcionarios ineficientes, la predominancia de la idea del Estado como un botín, que evidencia un escaso reconocimiento de lo público, pues lo público se asume como de terreno privado (desde lo municipal y desde la sociedad civil).
Existe, una fuerte desinformación -o falta de difusión- de procesos participativos y sus resultados, que es causada porque los ejercicios participativos como obligatorios y necesarios por existir punición, la desarticulación entre los planes locales y las instancias metropolitanas y nacionales, entre otras cosas.
Los procesos de participación ciudadana en el distrito de San Martín de Porres han sido y están siendo afectados por una serie de fenómenos y problemas que tienen que ver con los distintos niveles de influencia del poder político, en diversos estratos, con el diseño de las metodologías “desde arriba” y sobretodo con las funestas consecuencias de la década en que la participación popular fue atacada por la política del gobierno central, que veía en los poderes locales posibles rivales electorales. Siendo además, de capital importancia la actitud de la población para con los nuevos espacios participativos “meso”, y para con las autoridades municipales.
Con espacios participativos meso, sugerimos un análisis de los espacios de participación de acuerdo a niveles de participación, sean estos territoriales o de acuerdo al nivel o estrato del gobierno con el que se interactúa. Así, establecemos tres niveles: macro, meso y micro; en donde el nivel macro representa las instancias de participación de índole nacional, generalmente con los ministerios, o con el Poder Ejecutivo, aunque no necesariamente. El nivel micro es aquel que se ocupa de los problemas de territorios pequeños, o de pequeñas comunidades, en los que generalmente se encuentran organizaciones sociales territoriales (juntas de vecinos, directivas de urbanizaciones, etc). Con nivel meso, nos referimos al nivel intermedio entre lo local y lo nacional, es el nivel en el que se encuentran los nuevos espacios de participación ciudadana, los denominados Consejos de Coordinación Local Distrital , los Presupuestos Participativos, las Mesas de Concertación, etc.
Privilegiamos una entrada con enfoque distrital, ya que precisamente la alta complejidad de la división político administrativa en Lima Metropolitana, es la que creemos sesga las visiones de los pobladores de cada urbe, además de hacer más compleja aún la búsqueda de soluciones para los distintos problemas territoriales.
Considerando todo lo anterior, podemos afirmar a manera de pronóstico que la participación ciudadana seguirá siendo problemática, poco difundida y fuertemente cuestionada por la población –los que la conocen- , además, seguirán siendo procesos aislados que muchas veces están orientados a cumplir la reglamentación para evitar sanción en vez de tener la legítima aspiración de recoger las inquietudes y propuestas, basadas en necesidades, de la población del distrito. Por último, los resultados de dichos procesos serán cada vez menos legítimos y representarán nada o casi nada las iniciativas de la población.
Podrían paliarse dichos problemas si desde las diversas instituciones se establece el rediseño de los programas -y su metodología- de planificación participativa, considerando los alcances de académicos, profesionales y de la misma población mediante sus organizaciones sociales, que contemplen un balance al poder edil y una mayor institucionalidad de la representación en los CCL, es decir, que los diseños de programas de participación y planificación no sean una “caja negra” a la que solo pueden tener acceso ciertos tipos de actores, con determinadas competencias.
Consideramos que como dichos procesos se mueven en el terreno de lo público, y por ende, del ámbito político, todos podemos aportar a su mejora y perfeccionamiento. Por otra parte, consideramos que se pueden aplicar programas de capacitación y difusión de las experiencias exitosas de participación, sus alcances y potencialidades, programas de asesoramiento continuo desde el Estado hacia los participantes civiles, se deben flexibilizar los requisitos para acceder a los procesos de planificación participativa y por último, rediseñar los organigramas y formas de gestión municipal eliminando o disminuyendo los “pasivos” de administraciones anteriores.
martes, 31 de agosto de 2010
Notas sobre las políticas sociales del Estado Nación en Latinoamérica
Por: Lic. Luis Marín
lmarin@socialconsultores.com
La preocupación de los estados nación latinoamericanos por elevar la calidad de vida de los individuos se ha traducido en políticas públicas que son una síntesis de los procesos de discusión y decisión de cada nación.
Los ciudadanos, como componente fundamental de la sociedad, tienen exigencias y necesidades además de formas de canalizar sus demandas al sistema político al que pertenecen. Así, surge la dinámica que enfrenta las demandas sociales de los grupos organizados (partidos, grupos, asociaciones, etc.) y al Estado como redistribuidor de la renta nacional.
Las políticas sociales son una serie de criterios expresados en acciones concretas y sostenidas para contribuir a la solución de las grandes problemáticas sociales. Estos criterios responden a una serie de valores que determinan la forma en que se abordan los problemas y muchas veces también a quienes se atiende de manera prioritaria.
En el Perú, la política social se ha caracterizado por ejecutarse de manera sectorial y centralizada. Los esfuerzos por integrar sectores y descentralizar las políticas sociales son relativamente recientes. Todavía es un proceso nuevo del cual se está aprendiendo sobre la marcha. El cuerpo técno-político que se encarga de gestionar e implementar la política social en el Perú está a su vez, aprendiendo y consolidando experiencias. Para ello, es vital que exista una sinergia entre los actores de generación de conocimiento (empresas, universidades, laboratorios, según Gary Becker 1993, citado por Béjar; 2007, p. 190) y el gobierno.
Por el lado de la academia, las preocupaciones han estado centradas en las dos últimas décadas en los principales problemas de la nación: pobreza, desigualdad, empleo, y muchas veces han tenido aportes importantes que deben ser considerados y valorados –sino promovidos- por los distintos gobiernos. Por el lado del Estado, algunos aportes han sido incorporados y han cambiado el panorama de la política social. No solo a nivel nacional sino internacional.
Las condiciones de inequidad y pobreza que imperan en el Perú se constituyen en un desafío para cualquier esfuerzo de implementación de políticas sociales. La gravedad de las condiciones de desarrollo, las grandes brechas sociales existentes, los problemas del modelo económico, la estructura heterogénea de la economía y la precariedad del sistema político se constituyen en grandes obstáculos que dificultan el éxito de una política social. En la última década, éstas han sido sujeto de apuestas clientelistas, que responden a un régimen democrático delegativo formado en el tránsito de la crisis de partidos políticos, el auge de la tecnocracia y la apertura normativa de procesos de concertación locales aún en ciernes.
La lucha contra la pobreza se ha caracterizado por enfrentar estos desafíos, y los Programas han sido diseñados para constituirse en un frente de inversiones sociales que brindan apoyo diferenciado a diversidad de ciudadanos. En ese contexto, la implementación de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) y su apuesta por una lucha directa contra la pobreza y por la restitución de derechos es un proceso que debe ser estudiado, analizado y difundido para perfeccionarlo, ya que aún se encuentran muchos tropiezos propios de su operación. El involucramiento de los actores sociales, políticos y académicos en este análisis es fundamental y prioritario para constituir programas sociales justos, oportunos, guiados por valores compartidos y por objetivos de consenso.
Referencias
Béjar, Héctor, Política Social Justicia Social. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP). Tercera edición. Lima - Perú, 2007.
O'Donnell, Guillermo; ¿Democracia delegativa?. Papel de trabajo Nº 172, The Helen Kellogg Institute for International Studies. University of Notre Dame - EE.UU., 1992.
lmarin@socialconsultores.com
La preocupación de los estados nación latinoamericanos por elevar la calidad de vida de los individuos se ha traducido en políticas públicas que son una síntesis de los procesos de discusión y decisión de cada nación.
Los ciudadanos, como componente fundamental de la sociedad, tienen exigencias y necesidades además de formas de canalizar sus demandas al sistema político al que pertenecen. Así, surge la dinámica que enfrenta las demandas sociales de los grupos organizados (partidos, grupos, asociaciones, etc.) y al Estado como redistribuidor de la renta nacional.
Las políticas sociales son una serie de criterios expresados en acciones concretas y sostenidas para contribuir a la solución de las grandes problemáticas sociales. Estos criterios responden a una serie de valores que determinan la forma en que se abordan los problemas y muchas veces también a quienes se atiende de manera prioritaria.
En el Perú, la política social se ha caracterizado por ejecutarse de manera sectorial y centralizada. Los esfuerzos por integrar sectores y descentralizar las políticas sociales son relativamente recientes. Todavía es un proceso nuevo del cual se está aprendiendo sobre la marcha. El cuerpo técno-político que se encarga de gestionar e implementar la política social en el Perú está a su vez, aprendiendo y consolidando experiencias. Para ello, es vital que exista una sinergia entre los actores de generación de conocimiento (empresas, universidades, laboratorios, según Gary Becker 1993, citado por Béjar; 2007, p. 190) y el gobierno.
Por el lado de la academia, las preocupaciones han estado centradas en las dos últimas décadas en los principales problemas de la nación: pobreza, desigualdad, empleo, y muchas veces han tenido aportes importantes que deben ser considerados y valorados –sino promovidos- por los distintos gobiernos. Por el lado del Estado, algunos aportes han sido incorporados y han cambiado el panorama de la política social. No solo a nivel nacional sino internacional.
Las condiciones de inequidad y pobreza que imperan en el Perú se constituyen en un desafío para cualquier esfuerzo de implementación de políticas sociales. La gravedad de las condiciones de desarrollo, las grandes brechas sociales existentes, los problemas del modelo económico, la estructura heterogénea de la economía y la precariedad del sistema político se constituyen en grandes obstáculos que dificultan el éxito de una política social. En la última década, éstas han sido sujeto de apuestas clientelistas, que responden a un régimen democrático delegativo formado en el tránsito de la crisis de partidos políticos, el auge de la tecnocracia y la apertura normativa de procesos de concertación locales aún en ciernes.
La lucha contra la pobreza se ha caracterizado por enfrentar estos desafíos, y los Programas han sido diseñados para constituirse en un frente de inversiones sociales que brindan apoyo diferenciado a diversidad de ciudadanos. En ese contexto, la implementación de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) y su apuesta por una lucha directa contra la pobreza y por la restitución de derechos es un proceso que debe ser estudiado, analizado y difundido para perfeccionarlo, ya que aún se encuentran muchos tropiezos propios de su operación. El involucramiento de los actores sociales, políticos y académicos en este análisis es fundamental y prioritario para constituir programas sociales justos, oportunos, guiados por valores compartidos y por objetivos de consenso.
Referencias
Béjar, Héctor, Política Social Justicia Social. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP). Tercera edición. Lima - Perú, 2007.
O'Donnell, Guillermo; ¿Democracia delegativa?. Papel de trabajo Nº 172, The Helen Kellogg Institute for International Studies. University of Notre Dame - EE.UU., 1992.
miércoles, 18 de agosto de 2010
El problema de la política social y la lucha contra la pobreza: el reto peruano
Por: Lic. Luis Marín
lmarin@socialconsultores.com
El problema de la pobreza es importante porque sume a la población en condiciones de vida no adecuadas para el desarrollo de sus capacidades, y las priva de oportunidades de desarrollo que permitirían un acceso a bienes y servicios que elevarían su calidad de vida. Un entorno de pobreza y pobreza extrema en la que sobreviven millones de personas no es para nada positivo si se pretende empezar la marcha hacia el desarrollo como país. A menudo se declara que una preocupación de las políticas de gobierno es la lucha frontal contra la pobreza. Creemos que solo de esta manera se asegurará que existan mayores niveles de equidad en la sociedad futura y que nuestros ciudadanos pueden desarrollarse de acuerdo a sus reales potencialidades.
El problema de la pobreza representa uno de los retos más grandes para la región latinoamericana. Del 2000 al 2008 los índices de pobreza pasaron de 48,4% a 36,2%; mientras que los de pobreza extrema pasaron de 15% a 12,6%. Si bien es cierto se ha producido en los últimos años una importante disminución, aún en términos reales son millones de personas pobres las que ven limitadas sus posibilidades, sobretodo en contextos donde no existe oportunidad alguna de acceder a los beneficios del crecimiento económico que se sucede en algunos países.
La pobreza y pobreza extrema se han reducido considerablemente en el Perú, siguiendo la ruta de los compromisos suscritos en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Esta disminución de la pobreza se da a pesar del incremento sostenido de la población y las implicancias que ello produce. De 25.983 habitantes al 2005, el Perú pasó a tener 28.807 al 2008, lo que representa un aumento de la población del 10,9% en tan solo 8 años.
La disminución de la pobreza a pesar del aumento de la población es fruto, entre otras causas, de la intervención de diversas políticas sociales que pretenden mejorar la calidad de vida de la población del país. La política social en el Perú no solamente se diseña tomando en cuenta los patrones de pobreza, sino que también se toman en cuenta sus factores determinantes: salud, educación, etc. Como sucede en el caso de la desnutrición crónica infantil, que es un indicador relevante para el diseño de Programas y proyectos sociales. Considerar la desnutrición crónica infantil como un indicador para el diseño de políticas públicas de lucha contra la pobreza es fundamental porque se ha comprobado que los efectos de la desnutrición crónica en los primeros tres años de vida son irreversibles. Así, debe ser un deber prioritario del Estado combatir la desnutrición con miras a que la población tenga las capacidades físicas que posibiliten su desarrollo posterior.
Los esfuerzos de política social por menguar la desnutrición son cada vez mayores y los resultados, según las cifras oficiales, cada vez más auspiciosos. El porcentaje de menores de cinco años con desnutrición crónica a nivel nacional ha disminuido cerca de 6 puntos porcentuales desde el año 2000 al 2009.
La desnutrición crónica urbana la que más ha retrocedido del 2000 al 2009 (de 13.4 a 10.3%) si se compara con la rural (de 25.4 a 19%). Sin embargo, aún existe un importante 10,3% de niños de entornos rurales en condiciones de desnutrición. Por ello, se debe implementar políticas sociales que atiendan a la población más relegada del país, la residente en zonas rurales.
Con todo, la orientación de las políticas de lucha contra la pobreza en el país es de mejorar la eficiencia en el gasto. Con ello nos referimos a que cada vez más surgen Programas sociales con técnicas más refinadas de focalización. La emergencia del paradigma de la política social de tipo focalizado responde a una serie de procesos de larga data en la región, los mismos que buscan atacar directamente los factores determinantes de la pobreza, en un contexto en el que los países que la combaten aplican los diseños más avanzados que se han ido aplicando en cada vez más países de la región, como sucede con el caso de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada.
Este porcentaje de incremento es mínimo y el promedio de inversión social todavía se encuentra entre los más bajos de la región. Sin embargo, parece ser que el relativo éxito de los nuevos modelos de política social haría que esta tendencia se incremente o al menos se mantenga para los años venideros. Sin embargo, aún debemos poner en debate el verdadero rol de la política social de lucha contra la pobreza y sus componentes, el porcentaje de gasto con respecto al PBI, la estrategia de focalización versus la postura por la universalización de los servicios sociales, las pensiones mínimas, el fuerte sesgo del diseño centralista de dichas políticas, la no participación de la población en la ejecución y/o control, etc. Todo ello debe orientarse a un esquema de protección social que garantice el acceso al ejercicio de derechos de toda la población.
lmarin@socialconsultores.com
El problema de la pobreza es importante porque sume a la población en condiciones de vida no adecuadas para el desarrollo de sus capacidades, y las priva de oportunidades de desarrollo que permitirían un acceso a bienes y servicios que elevarían su calidad de vida. Un entorno de pobreza y pobreza extrema en la que sobreviven millones de personas no es para nada positivo si se pretende empezar la marcha hacia el desarrollo como país. A menudo se declara que una preocupación de las políticas de gobierno es la lucha frontal contra la pobreza. Creemos que solo de esta manera se asegurará que existan mayores niveles de equidad en la sociedad futura y que nuestros ciudadanos pueden desarrollarse de acuerdo a sus reales potencialidades.
El problema de la pobreza representa uno de los retos más grandes para la región latinoamericana. Del 2000 al 2008 los índices de pobreza pasaron de 48,4% a 36,2%; mientras que los de pobreza extrema pasaron de 15% a 12,6%. Si bien es cierto se ha producido en los últimos años una importante disminución, aún en términos reales son millones de personas pobres las que ven limitadas sus posibilidades, sobretodo en contextos donde no existe oportunidad alguna de acceder a los beneficios del crecimiento económico que se sucede en algunos países.
La pobreza y pobreza extrema se han reducido considerablemente en el Perú, siguiendo la ruta de los compromisos suscritos en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Esta disminución de la pobreza se da a pesar del incremento sostenido de la población y las implicancias que ello produce. De 25.983 habitantes al 2005, el Perú pasó a tener 28.807 al 2008, lo que representa un aumento de la población del 10,9% en tan solo 8 años.
La disminución de la pobreza a pesar del aumento de la población es fruto, entre otras causas, de la intervención de diversas políticas sociales que pretenden mejorar la calidad de vida de la población del país. La política social en el Perú no solamente se diseña tomando en cuenta los patrones de pobreza, sino que también se toman en cuenta sus factores determinantes: salud, educación, etc. Como sucede en el caso de la desnutrición crónica infantil, que es un indicador relevante para el diseño de Programas y proyectos sociales. Considerar la desnutrición crónica infantil como un indicador para el diseño de políticas públicas de lucha contra la pobreza es fundamental porque se ha comprobado que los efectos de la desnutrición crónica en los primeros tres años de vida son irreversibles. Así, debe ser un deber prioritario del Estado combatir la desnutrición con miras a que la población tenga las capacidades físicas que posibiliten su desarrollo posterior.
Los esfuerzos de política social por menguar la desnutrición son cada vez mayores y los resultados, según las cifras oficiales, cada vez más auspiciosos. El porcentaje de menores de cinco años con desnutrición crónica a nivel nacional ha disminuido cerca de 6 puntos porcentuales desde el año 2000 al 2009.
La desnutrición crónica urbana la que más ha retrocedido del 2000 al 2009 (de 13.4 a 10.3%) si se compara con la rural (de 25.4 a 19%). Sin embargo, aún existe un importante 10,3% de niños de entornos rurales en condiciones de desnutrición. Por ello, se debe implementar políticas sociales que atiendan a la población más relegada del país, la residente en zonas rurales.
Con todo, la orientación de las políticas de lucha contra la pobreza en el país es de mejorar la eficiencia en el gasto. Con ello nos referimos a que cada vez más surgen Programas sociales con técnicas más refinadas de focalización. La emergencia del paradigma de la política social de tipo focalizado responde a una serie de procesos de larga data en la región, los mismos que buscan atacar directamente los factores determinantes de la pobreza, en un contexto en el que los países que la combaten aplican los diseños más avanzados que se han ido aplicando en cada vez más países de la región, como sucede con el caso de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada.
Este porcentaje de incremento es mínimo y el promedio de inversión social todavía se encuentra entre los más bajos de la región. Sin embargo, parece ser que el relativo éxito de los nuevos modelos de política social haría que esta tendencia se incremente o al menos se mantenga para los años venideros. Sin embargo, aún debemos poner en debate el verdadero rol de la política social de lucha contra la pobreza y sus componentes, el porcentaje de gasto con respecto al PBI, la estrategia de focalización versus la postura por la universalización de los servicios sociales, las pensiones mínimas, el fuerte sesgo del diseño centralista de dichas políticas, la no participación de la población en la ejecución y/o control, etc. Todo ello debe orientarse a un esquema de protección social que garantice el acceso al ejercicio de derechos de toda la población.
La generación del liderazgo en los procesos participativos
Por Lic. Luis Marín Diaz
lmarin@socialconsultores.com
A menudo nos enfrentamos con procesos participativos en los que las comunidades del territorio presentan resistencias a los procesos que emprende la autoridad local (como por ejemplo, los presupuestos participativos), o en los que pesan más los cuestionamientos hacia la gestión local y ello impide una participación fluida de los representantes de las organizaciones populares, ya que muchas veces se interpreta que participar es pactar. ¿Cómo solucionar este problema?
En escenarios así, los gobiernos locales deben preocuparse por aprovechar ese caudal participativo-organizativo y propiciar la generación de liderazgos comunales que se involucren con el proceso. En principio: a) explicar la naturaleza del proceso, b) analizar en conjunto dicho proceso y finalmente c) intervenir. Hay que desarrollar ordenadamente estos pasos para poder luego destacar la necesidad de la participación de los líderes de la comunidad, comprometiéndolos.
La generación de liderazgos no corresponde a descubridores de talentos o se realiza mediante la transferencia de conocimientos; los liderazgos se generan siempre respecto de un proceso, nunca en el aire. Es por ello importante que desde las entidades encargadas de los procesos se promueva el liderazgo comprometido. Con liderazgo comprometido queremos expresar el hecho de que no se “es” un líder, sino que se llega a serlo por momentos. El liderazgo se ejerce, es un rol y una responsabilidad asignada por proceso.
Finalmente, una vez concluido el objetivo de un proceso, los líderes deben dar un paso al costado o deben aspirar a canalizar su liderazgo hacia otros objetivos. Solo así lograremos la participación efectiva de la comunidad, a través de sus líderes y la generación de liderazgos que nos ayuden a llevar a cabo los procesos que emprendamos. Recordemos que buenos líderes pueden llegar a ser buenos socios.
lmarin@socialconsultores.com
A menudo nos enfrentamos con procesos participativos en los que las comunidades del territorio presentan resistencias a los procesos que emprende la autoridad local (como por ejemplo, los presupuestos participativos), o en los que pesan más los cuestionamientos hacia la gestión local y ello impide una participación fluida de los representantes de las organizaciones populares, ya que muchas veces se interpreta que participar es pactar. ¿Cómo solucionar este problema?
En escenarios así, los gobiernos locales deben preocuparse por aprovechar ese caudal participativo-organizativo y propiciar la generación de liderazgos comunales que se involucren con el proceso. En principio: a) explicar la naturaleza del proceso, b) analizar en conjunto dicho proceso y finalmente c) intervenir. Hay que desarrollar ordenadamente estos pasos para poder luego destacar la necesidad de la participación de los líderes de la comunidad, comprometiéndolos.
La generación de liderazgos no corresponde a descubridores de talentos o se realiza mediante la transferencia de conocimientos; los liderazgos se generan siempre respecto de un proceso, nunca en el aire. Es por ello importante que desde las entidades encargadas de los procesos se promueva el liderazgo comprometido. Con liderazgo comprometido queremos expresar el hecho de que no se “es” un líder, sino que se llega a serlo por momentos. El liderazgo se ejerce, es un rol y una responsabilidad asignada por proceso.
Finalmente, una vez concluido el objetivo de un proceso, los líderes deben dar un paso al costado o deben aspirar a canalizar su liderazgo hacia otros objetivos. Solo así lograremos la participación efectiva de la comunidad, a través de sus líderes y la generación de liderazgos que nos ayuden a llevar a cabo los procesos que emprendamos. Recordemos que buenos líderes pueden llegar a ser buenos socios.
viernes, 26 de febrero de 2010
“Del ciudadano y Leviatán”
Resumen del libro de Thomas Hobbes: Del ciudadano y Leviatán. Tecnos, 2002, Madrid, pp. 212. Del ciudadano, Cap. IX, X y XVIII.
Por: Luis Marín
lumardi13@yahoo.es
En los capítulos IX y X el autor reflexiona acerca de los regímenes más apropiados para gobernar al pueblo. Revisa y razona acerca de las ventajas y desventajas de cada tipo de régimen mediante la comparación de las principales características de los mismos.
Hobbes empieza por establecer la relación entre las categorías de dueño, señor y padre, con el fin de encaminar este debate a señalar las características de dominación: poder soberano. Pero en el sustrato de su argumento, el autor establece un estado natural de las cosas, al que caracteriza como un estado de guerra (“la naturaleza es un estado de guerra”).
La preocupación por definir las categorías antes señaladas, tiene como finalidad encontrar el origen del gobierno paternal, como punto de partida, para luego reflexionar acerca del poder de los gobernantes y de las formas de gobierno.
El autor afirma que la autoridad de los padres sobre los hijos se da por la generación: “todo aquello que hemos engendrado nos pertenece” sostiene. Ello explica la relación de dominación entre padres e hijos, por ejemplo. Pero Hobbes se pregunta si la generación implica propiedad; y sostiene que “la dominación, es decir, el poder soberano es indivisible”. Por ello es que, según el autor, un siervo no puede servir a dos amos.
El origen del gobierno paternal tendría relación con el derecho natural, el cual se expresa en que un vencedor es dueño del vencido, por ejemplo, o en que un hijo está bajo el dominio inmediato de aquel que lo tiene bajo su poder. Así, una madre tendrá el derecho natural sobre el hijo.
El autor sostiene que hay relaciones de sujeción que son naturales. Así, la madre dispone de sus hijos por derecho natural. Pero la disposición no implica necesariamente propiedad, la madre puede disponer de los hijos, pero los hijos pertenecen a la parte que tiene poder, en otras palabras, a los padres (varones), ya que las mujeres se hallan históricamente sujetas a las relaciones jerárquicas entre los sexos.
Finalmente, se afirma que en el gobierno civil los hijos pertenecen a los padres y todos al Estado, ya que el Estado está conformado por hombres en su mayoría. El Estado sería el gran padre de los ciudadanos.
Luego, Hobbes intenta contraponer al hombre libre frente al siervo, para comparativamente esbozar las principales características de cada uno frente al Estado. Para lograr su objetivo, Hobbes reflexiona primeramente acerca del concepto de libertad, capital para el entendimiento de las relaciones entre Estado – ciudadano y siervos.
La libertad, afirma, es la ausencia de obstáculos que impiden movimiento. Así, en cuanto a la relación entre ciudadano y Estado, el autor afirma que el ciudadano no es completamente libre, porque está sujeto al constreñimiento del Estado. Un ciudadano no puede hacer lo que le plazca en un Estado, ya que sus libertades se sujetan al orden establecido, expresado en ese corpus de normas y reglas de común consentimiento.
Sobre la condición de siervo, se afirma que éste no está oprimido por la servidumbre, sino que está gobernado y alimentado. En ese sentido la condición de siervo no sería tan desventajosa, aunque como veremos más adelante, enfrenta una doble condición de dominación.
Entre el siervo y el ciudadano hay una diferencia fundamental, y es que el ciudadano libre solo obedece al Estado, mientras que el siervo obedece al Estado y a un particular. A esto es a lo que nos referíamos cuando hablamos de una doble condición de dominación. El siervo está atado a los deseos de su amo, pero a su vez se encuentra en el marco de un orden social establecido, el Estado.
Acerca del problema de la sucesión, que se desprende luego de acercarnos al tema de la dominación, el autor afirma que en la democracia no hay sucesiones de poder porque el pueblo es inmortal. Es decir que el poder tiene siempre la misma fuente, el pueblo. Así, el derecho de sucesión solo es un problema de la monarquía absoluta, por ejemplo cuando un rey no ha elegido aún a su sucesor. La emergencia del tema de poder empieza a tomar relevancia luego de haber discutido la relación entre ciudadano – siervo – Estado, los principios de la dominación y el derecho de sucesión.
En el capítulo X, Hobbes compara tres clases de gobierno: la aristocracia, la democracia y la monarquía. Su objetivo es responder a la pregunta: ¿Cuál es el mejor para mantener la paz?. Sobre ello, describe algunas de las ventajas de tener un Estado, entre las cuales se pueden mencionar:
- Respaldo y protección de conciudadanos
- El Estado protege a los ciudadanos del Estado y de nosotros mismos
- El trabajo del individuo está protegido por el Estado
- El Estado brinda orden, paz, seguridad, tranquilidad y conocimiento
Así, el respeto de estas premisas o ventajas que una distinción. Se instala el derecho a la igualdad, que se constituye como un principio de Estado.
Entrando en detalle, Hobbes reflexiona si es más conveniente el gobierno de uno o un gobierno de pocos, acercándose primeramente a los regímenes democráticos y a las monarquías
El autor estriba en algunas conclusiones muy importantes al respecto, como:
- El gobierno de uno es injusto, el gobierno de la aristocracia también es injusto
- La igualdad es un estado de guerra, por el contrario, la desigualdad ha sido introducida por el consentimiento universal.
- Corrupción y favores a familiares y allegados, es mejor que se de en monarquía que en democracia, porque en la primera serán pocos los beneficiados.
Hasta aquí Hobbes sostiene la ventaja de las monarquías sobre los regímenes democráticos, hasta este punto se describen ventajas como que los problemas son menores en un proceso de toma de decisiones en los que intervienen unos pocos, además que el ser monarca establece una relación de propiedad entre corona y siervos, que hace que ante las amenazas externas se defienda mejor un reino.
Pero revisemos el concepto del Estado para Hobbes, para retomar las reflexiones sobre los regímenes de gobierno.
El concepto de Estado para Hobbes es, como una persona compuesta por muchos hombres, cuya voluntad se mantiene según lo pactado por la voluntad general de todos, de modo que esta persona publica pueda emplear los medios necesarios para servirse de las fuerzas y facultades de cualquier particular para el bien de la paz pública y la defensa común.
El Estado sería entonces, una suerte de consenso generalizado institucionalizado por el uso, costumbres y normas con un objetivo definido y consensuado.
Pero, ¿cuál es el rol de la libertad en este consenso y organización estatal? Sobre la libertad Hobbes afirma que ésta es sujeta a leyes del Estado, la libertad no es sinónimo de anarquía, en la que cada uno pueda hacer lo que le parezca según su conveniencia, sino que se ciñe en una libertad dentro del Estado, y que sigue los principios formales de formación del Estado, ante cualquier transgresión de dichos principios, se hará uso de los medios necesarios para servirse de las fuerzas y facultades de cualquier particular para el bien de la paz pública y la defensa común, a los que se hacía referencia líneas arriba.
Una relación que hay que señalar y que Hobbes desarrolla largamente, es la relación entre libertad y poder. El autor afirma que cuando el pueblo pide libertad, lo que está pidiendo en realidad es poder. La libertad entonces, es una cuestión de poder. Si uno es más libre que otras personas, entonces tiene más poder todo aquel que es libre ha de ser dueño de todos aquellos que están sometidos y se honra más a quien tiene más poder.
En este orden de cosas los dominados también expresan sus deseos, por ello, sostiene que cuando los sujetos, en un Estado, se quejan de la dominación, significa que quieren ser partícipes del gobierno del Estado. Los ciudadanos pueden incluso estar subyugados por esta relación de dominación dentro del Estado.
Un debate que desarrolla el autor es el de si para la toma de decisiones más valiosas es mejor los grandes grupos o en pequeños consejos.
Al respecto, Hobbes esboza una serie de afirmaciones que sustentan su inclinación hacia los grupos pequeños.
- La gran asamblea es menos adecuada para deliberaciones, los grupos pequeños son mejores porque se produce la especialización de unos pocos, la mayoría ignorante sobra.
- En las grandes asambleas los discursos buscan persuadir, es decir orientar el discurso hacia personas específicas, sin profundizar en la naturaleza de las cosas sino en el objetivo mismo: persuadir, entre otras muchas consideraciones fruto de la interacción.
- En las grandes asambleas la diferencia de opiniones genera discordias, y motiva la formación de facciones en el Estado. Estas discordias producen y facciones producen que los intereses particulares (de individuos o grupos) estén por sobre los intereses generales.
- Una facción sería, esta industria y diligencia que se emplea para formar un cuerpo que represente de nuevo a todo el pueblo es lo que llamamos una facción.
- Las leyes son muy inseguras cuando su promulgación depende de asambleas populares: Las leyes en estas asambleas son fluctuantes y agitadas como un mar de olas.
- Además, en las grandes asambleas tiende a filtrarse información.
Hobbes concluye que es mejor la monarquía que la democracia porque en la primera los asuntos importantes no son sometidos a asambleas. Pero si en democracia, el pueblo delega el poder en representantes, se iguala a la democracia con la monarquía (se entiende que en eficiencia en la toma de decisiones). Además, para maximizar esta eficiencia se debe producir una separación entre el poder y la administración, esta separación hace eficiente la forma de gobierno.
Hasta aquí el autor ha comparado el régimen democrático con el de una monarquía Sobre la aristocracia afirma muy escuetamente que, la aristocracia que se aproxima más a la monarquía o se aleja más del gobierno popular es la mejor de todas.
Finalmente, en el capítulo XVIII el autor reflexiona acerca de las cosas que son necesarias para entrar al reino de los cielos. Lo rescatable de estos razonamientos y acerca de lo que nos compete es el cuestionamiento acerca de cómo es que se puede prestar obediencia al Estado cuando nos ordena alguna cosa que Cristo ha prohibido.
A partir de este punto se empieza a debatir acerca de lo que es necesario para la salvación: la fe y la obediencia. Sobre la fe, si se tiene el objetivo de la salvación eterna, el camino es el camino de la fe. La obediencia sería la voluntad que tenemos de obedecer en el futuro. Así, la obediencia es un requisito para la salvación.
Por: Luis Marín
lumardi13@yahoo.es
En los capítulos IX y X el autor reflexiona acerca de los regímenes más apropiados para gobernar al pueblo. Revisa y razona acerca de las ventajas y desventajas de cada tipo de régimen mediante la comparación de las principales características de los mismos.
Hobbes empieza por establecer la relación entre las categorías de dueño, señor y padre, con el fin de encaminar este debate a señalar las características de dominación: poder soberano. Pero en el sustrato de su argumento, el autor establece un estado natural de las cosas, al que caracteriza como un estado de guerra (“la naturaleza es un estado de guerra”).
La preocupación por definir las categorías antes señaladas, tiene como finalidad encontrar el origen del gobierno paternal, como punto de partida, para luego reflexionar acerca del poder de los gobernantes y de las formas de gobierno.
El autor afirma que la autoridad de los padres sobre los hijos se da por la generación: “todo aquello que hemos engendrado nos pertenece” sostiene. Ello explica la relación de dominación entre padres e hijos, por ejemplo. Pero Hobbes se pregunta si la generación implica propiedad; y sostiene que “la dominación, es decir, el poder soberano es indivisible”. Por ello es que, según el autor, un siervo no puede servir a dos amos.
El origen del gobierno paternal tendría relación con el derecho natural, el cual se expresa en que un vencedor es dueño del vencido, por ejemplo, o en que un hijo está bajo el dominio inmediato de aquel que lo tiene bajo su poder. Así, una madre tendrá el derecho natural sobre el hijo.
El autor sostiene que hay relaciones de sujeción que son naturales. Así, la madre dispone de sus hijos por derecho natural. Pero la disposición no implica necesariamente propiedad, la madre puede disponer de los hijos, pero los hijos pertenecen a la parte que tiene poder, en otras palabras, a los padres (varones), ya que las mujeres se hallan históricamente sujetas a las relaciones jerárquicas entre los sexos.
Finalmente, se afirma que en el gobierno civil los hijos pertenecen a los padres y todos al Estado, ya que el Estado está conformado por hombres en su mayoría. El Estado sería el gran padre de los ciudadanos.
Luego, Hobbes intenta contraponer al hombre libre frente al siervo, para comparativamente esbozar las principales características de cada uno frente al Estado. Para lograr su objetivo, Hobbes reflexiona primeramente acerca del concepto de libertad, capital para el entendimiento de las relaciones entre Estado – ciudadano y siervos.
La libertad, afirma, es la ausencia de obstáculos que impiden movimiento. Así, en cuanto a la relación entre ciudadano y Estado, el autor afirma que el ciudadano no es completamente libre, porque está sujeto al constreñimiento del Estado. Un ciudadano no puede hacer lo que le plazca en un Estado, ya que sus libertades se sujetan al orden establecido, expresado en ese corpus de normas y reglas de común consentimiento.
Sobre la condición de siervo, se afirma que éste no está oprimido por la servidumbre, sino que está gobernado y alimentado. En ese sentido la condición de siervo no sería tan desventajosa, aunque como veremos más adelante, enfrenta una doble condición de dominación.
Entre el siervo y el ciudadano hay una diferencia fundamental, y es que el ciudadano libre solo obedece al Estado, mientras que el siervo obedece al Estado y a un particular. A esto es a lo que nos referíamos cuando hablamos de una doble condición de dominación. El siervo está atado a los deseos de su amo, pero a su vez se encuentra en el marco de un orden social establecido, el Estado.
Acerca del problema de la sucesión, que se desprende luego de acercarnos al tema de la dominación, el autor afirma que en la democracia no hay sucesiones de poder porque el pueblo es inmortal. Es decir que el poder tiene siempre la misma fuente, el pueblo. Así, el derecho de sucesión solo es un problema de la monarquía absoluta, por ejemplo cuando un rey no ha elegido aún a su sucesor. La emergencia del tema de poder empieza a tomar relevancia luego de haber discutido la relación entre ciudadano – siervo – Estado, los principios de la dominación y el derecho de sucesión.
En el capítulo X, Hobbes compara tres clases de gobierno: la aristocracia, la democracia y la monarquía. Su objetivo es responder a la pregunta: ¿Cuál es el mejor para mantener la paz?. Sobre ello, describe algunas de las ventajas de tener un Estado, entre las cuales se pueden mencionar:
- Respaldo y protección de conciudadanos
- El Estado protege a los ciudadanos del Estado y de nosotros mismos
- El trabajo del individuo está protegido por el Estado
- El Estado brinda orden, paz, seguridad, tranquilidad y conocimiento
Así, el respeto de estas premisas o ventajas que una distinción. Se instala el derecho a la igualdad, que se constituye como un principio de Estado.
Entrando en detalle, Hobbes reflexiona si es más conveniente el gobierno de uno o un gobierno de pocos, acercándose primeramente a los regímenes democráticos y a las monarquías
El autor estriba en algunas conclusiones muy importantes al respecto, como:
- El gobierno de uno es injusto, el gobierno de la aristocracia también es injusto
- La igualdad es un estado de guerra, por el contrario, la desigualdad ha sido introducida por el consentimiento universal.
- Corrupción y favores a familiares y allegados, es mejor que se de en monarquía que en democracia, porque en la primera serán pocos los beneficiados.
Hasta aquí Hobbes sostiene la ventaja de las monarquías sobre los regímenes democráticos, hasta este punto se describen ventajas como que los problemas son menores en un proceso de toma de decisiones en los que intervienen unos pocos, además que el ser monarca establece una relación de propiedad entre corona y siervos, que hace que ante las amenazas externas se defienda mejor un reino.
Pero revisemos el concepto del Estado para Hobbes, para retomar las reflexiones sobre los regímenes de gobierno.
El concepto de Estado para Hobbes es, como una persona compuesta por muchos hombres, cuya voluntad se mantiene según lo pactado por la voluntad general de todos, de modo que esta persona publica pueda emplear los medios necesarios para servirse de las fuerzas y facultades de cualquier particular para el bien de la paz pública y la defensa común.
El Estado sería entonces, una suerte de consenso generalizado institucionalizado por el uso, costumbres y normas con un objetivo definido y consensuado.
Pero, ¿cuál es el rol de la libertad en este consenso y organización estatal? Sobre la libertad Hobbes afirma que ésta es sujeta a leyes del Estado, la libertad no es sinónimo de anarquía, en la que cada uno pueda hacer lo que le parezca según su conveniencia, sino que se ciñe en una libertad dentro del Estado, y que sigue los principios formales de formación del Estado, ante cualquier transgresión de dichos principios, se hará uso de los medios necesarios para servirse de las fuerzas y facultades de cualquier particular para el bien de la paz pública y la defensa común, a los que se hacía referencia líneas arriba.
Una relación que hay que señalar y que Hobbes desarrolla largamente, es la relación entre libertad y poder. El autor afirma que cuando el pueblo pide libertad, lo que está pidiendo en realidad es poder. La libertad entonces, es una cuestión de poder. Si uno es más libre que otras personas, entonces tiene más poder todo aquel que es libre ha de ser dueño de todos aquellos que están sometidos y se honra más a quien tiene más poder.
En este orden de cosas los dominados también expresan sus deseos, por ello, sostiene que cuando los sujetos, en un Estado, se quejan de la dominación, significa que quieren ser partícipes del gobierno del Estado. Los ciudadanos pueden incluso estar subyugados por esta relación de dominación dentro del Estado.
Un debate que desarrolla el autor es el de si para la toma de decisiones más valiosas es mejor los grandes grupos o en pequeños consejos.
Al respecto, Hobbes esboza una serie de afirmaciones que sustentan su inclinación hacia los grupos pequeños.
- La gran asamblea es menos adecuada para deliberaciones, los grupos pequeños son mejores porque se produce la especialización de unos pocos, la mayoría ignorante sobra.
- En las grandes asambleas los discursos buscan persuadir, es decir orientar el discurso hacia personas específicas, sin profundizar en la naturaleza de las cosas sino en el objetivo mismo: persuadir, entre otras muchas consideraciones fruto de la interacción.
- En las grandes asambleas la diferencia de opiniones genera discordias, y motiva la formación de facciones en el Estado. Estas discordias producen y facciones producen que los intereses particulares (de individuos o grupos) estén por sobre los intereses generales.
- Una facción sería, esta industria y diligencia que se emplea para formar un cuerpo que represente de nuevo a todo el pueblo es lo que llamamos una facción.
- Las leyes son muy inseguras cuando su promulgación depende de asambleas populares: Las leyes en estas asambleas son fluctuantes y agitadas como un mar de olas.
- Además, en las grandes asambleas tiende a filtrarse información.
Hobbes concluye que es mejor la monarquía que la democracia porque en la primera los asuntos importantes no son sometidos a asambleas. Pero si en democracia, el pueblo delega el poder en representantes, se iguala a la democracia con la monarquía (se entiende que en eficiencia en la toma de decisiones). Además, para maximizar esta eficiencia se debe producir una separación entre el poder y la administración, esta separación hace eficiente la forma de gobierno.
Hasta aquí el autor ha comparado el régimen democrático con el de una monarquía Sobre la aristocracia afirma muy escuetamente que, la aristocracia que se aproxima más a la monarquía o se aleja más del gobierno popular es la mejor de todas.
Finalmente, en el capítulo XVIII el autor reflexiona acerca de las cosas que son necesarias para entrar al reino de los cielos. Lo rescatable de estos razonamientos y acerca de lo que nos compete es el cuestionamiento acerca de cómo es que se puede prestar obediencia al Estado cuando nos ordena alguna cosa que Cristo ha prohibido.
A partir de este punto se empieza a debatir acerca de lo que es necesario para la salvación: la fe y la obediencia. Sobre la fe, si se tiene el objetivo de la salvación eterna, el camino es el camino de la fe. La obediencia sería la voluntad que tenemos de obedecer en el futuro. Así, la obediencia es un requisito para la salvación.
martes, 26 de enero de 2010
Reforma del Estado y la experiencia de Australia
Resumen de la Mesa Redonda: Reforma del Estado y la experiencia de Australia, realizada el Martes 12 de enero de 2010. Auditorio del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Ponentes: Lic. Nilda Rojas Bolívar, Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, Dr. Peter Shergold, Director del centro de Impacto Social de Australia.
Por: Luis Marín
lumardi13@yahoo.es
El evento se centró en la ponencia del Dr. Shergold titulada: “La experiencia australiana de reforma del Estado desde el papel del departamento del Primer Ministro”, en la que el expositor trató de resumir los cambios que se han efectuado en el Estado a partir de la decisión de inicio de la reforma.
En primer lugar, se han resumido las normativas del sector público, y se ha producido un cambio radical, ya que se ha dejado de centrar en los procedimientos para centrarse en los principios de la gestión pública. Un ejemplo de ello es que antes de la reforma, los textos normativos del Estado que antes se centraban en los procesos, eran documentos gigantes, mientras que las normas actuales que rigen la gestión pública en Australia y se basan en principios, son ahora una publicación pequeñísima (el expositor sacó la publicación ¡del bolsillo!).
En segundo lugar, un cambio radical que se dio en la reforma australiana fue que la gestión pública se comenzó a centrar en los resultados de la gestión, no en los procesos. Así, las acciones de la contraloría que antes se concentraban en auditar procesos, se orientaban ahora hacia resultados, haciendo más efectiva la función pública y maximizando el tiempo de la misma.
En tercer lugar, la nueva gestión pública australiana debía concentrarse en otorgar calidad del servicio. El servidor público debía atender oportuna y eficazmente los requerimientos del ciudadano. Para el control del servicio se contrataban firmas externas que evaluaban la calidad del servicio y la percepción ciudadana respecto a los mismos, generando así una sana competencia entre las entidades públicas, por posicionarse mejor en este ranking.
En cuarto lugar, se garantizó la continuidad del servidor público. Cuando ocurrían cambios de mando, sólo se iba la autoridad política pero los cuadros siguen en sus puestos, generando así una muy importante memoria institucional. Cabe mencionar que para el reclutamiento de los servidores públicos se convocaba al 2% superior de las universidades del país (esta modalidad de convocatoria hacía inútil las denominadas cuotas de género, que no tienen sentido cuando se trata de meritocracia). Además, se invitaba a los egresados a una suerte de escuela pública.
Durante 6 meses se les capacita gratuitamente, los que aprueben ese curso podrán postular a los puestos públicos.
En quinto lugar, se creó una Ventanilla Única para el Ciudadano. Esto se debía a que al ciudadano no le interesaba de qué institución proceden los beneficios del Estado, es decir; para acceder a servicios diferentes debía acudir a instancias diferentes, que agotaban su tiempo y disposición; por lo que se diseñó una oficina que se encargue de centralizar los diversos servicios y ser la única que se relacionaría con el ciudadano, tanto para pensiones, empleo, programas sociales, etc.
Para acceder al documento en PDF acceder a: http://www.megaupload.com/?d=4YMM2N1Q
Por: Luis Marín
lumardi13@yahoo.es
El evento se centró en la ponencia del Dr. Shergold titulada: “La experiencia australiana de reforma del Estado desde el papel del departamento del Primer Ministro”, en la que el expositor trató de resumir los cambios que se han efectuado en el Estado a partir de la decisión de inicio de la reforma.
En primer lugar, se han resumido las normativas del sector público, y se ha producido un cambio radical, ya que se ha dejado de centrar en los procedimientos para centrarse en los principios de la gestión pública. Un ejemplo de ello es que antes de la reforma, los textos normativos del Estado que antes se centraban en los procesos, eran documentos gigantes, mientras que las normas actuales que rigen la gestión pública en Australia y se basan en principios, son ahora una publicación pequeñísima (el expositor sacó la publicación ¡del bolsillo!).
En segundo lugar, un cambio radical que se dio en la reforma australiana fue que la gestión pública se comenzó a centrar en los resultados de la gestión, no en los procesos. Así, las acciones de la contraloría que antes se concentraban en auditar procesos, se orientaban ahora hacia resultados, haciendo más efectiva la función pública y maximizando el tiempo de la misma.
En tercer lugar, la nueva gestión pública australiana debía concentrarse en otorgar calidad del servicio. El servidor público debía atender oportuna y eficazmente los requerimientos del ciudadano. Para el control del servicio se contrataban firmas externas que evaluaban la calidad del servicio y la percepción ciudadana respecto a los mismos, generando así una sana competencia entre las entidades públicas, por posicionarse mejor en este ranking.
En cuarto lugar, se garantizó la continuidad del servidor público. Cuando ocurrían cambios de mando, sólo se iba la autoridad política pero los cuadros siguen en sus puestos, generando así una muy importante memoria institucional. Cabe mencionar que para el reclutamiento de los servidores públicos se convocaba al 2% superior de las universidades del país (esta modalidad de convocatoria hacía inútil las denominadas cuotas de género, que no tienen sentido cuando se trata de meritocracia). Además, se invitaba a los egresados a una suerte de escuela pública.
Durante 6 meses se les capacita gratuitamente, los que aprueben ese curso podrán postular a los puestos públicos.
En quinto lugar, se creó una Ventanilla Única para el Ciudadano. Esto se debía a que al ciudadano no le interesaba de qué institución proceden los beneficios del Estado, es decir; para acceder a servicios diferentes debía acudir a instancias diferentes, que agotaban su tiempo y disposición; por lo que se diseñó una oficina que se encargue de centralizar los diversos servicios y ser la única que se relacionaría con el ciudadano, tanto para pensiones, empleo, programas sociales, etc.
Para acceder al documento en PDF acceder a: http://www.megaupload.com/?d=4YMM2N1Q
lunes, 18 de enero de 2010
ENTREVISTA. ENRIQUE VÁSQUEZ
(Iniciamos la buena práctica de colocar algunas entrevistas a expertos en los temas relacionados con este blog, para abrir el debate acerca de ellos. A continuación reproducimos una entrevista a Enrique Vásquez, realizada por Mariella Balbi para El Comercio)
"Mucho mejor es invertir en las personas que en tanques"
Por: Mariella Balbi
• 18 de enero de 2010
El 2009 ha sido un año de crisis económica. ¿Cómo afectó esto a la pobreza en el Perú?
Los sectores minero, agroindustrial y textil cayeron y dejaron de emplear mano de obra, la crisis afectó el sector pobre no calificado. También las remesas del exterior bajaron, en buena proporción estas son para los sectores de bajos ingresos. Además, en el interior del país las familias se ven afectadas por los ligeros aumentos de determinados productos de la canasta básica: carnes, bebidas y tubérculos. Por ello muchos comienzan a sustituir el consumo dentro del hogar por el de fuera del hogar, acudiendo a los comedores populares.
¿Se está yendo más al comedor popular?
Sí. El rol de los comedores es positivo, pero necesitan apoyo para que las dietas sean mejores, porque están muy cargadas en grasas y ello afecta la salud. El pobre extremo [3,6 millones de peruanos en el 2008] es quien no cubre sus necesidades alimentarias. El pobre [10,2 millones] es quien no alcanza a cubrir otras necesidades como transporte y otros. Pero también está el pobre calórico, que tiene dificultad para obtener las calorías necesarias. Un tercio de la población peruana tiene una ingesta calórica baja.
¿Está desnutrida?
Digamos que está próxima a la desnutrición. Fundamentalmente, ese tercio involucra a niños, adolescentes y jefes de hogar, la mayoría son mujeres que realizan labores entre 9 y 12 horas diarias. Se supone que esa cifra debería haber bajado, pero se ha estancado.
¿Se pudo reducir la pobreza extrema en el 2009?
No hay estadísticas, el INEI las publica para Fiestas Patrias. Pero el 50% de pobres extremos no cambió su situación del 2007 al 2008, años de fuerte crecimiento. Con la crisis del 2009 podemos pronosticar que hay gente que ingresó a la extrema pobreza, principalmente en las zonas rurales. Igual debe ocurrir con la pobreza.
Este gobierno se propuso como meta reducir la pobreza al 30%. ¿Lo logrará?
Se espera que en los próximos dos años se incremente la inversión privada y que mejore la eficacia del gasto público, creo que se podría llegar a la meta. El problema más duro será la desnutrición porque esto significa atacar problemas más complejos. Es decir, que Agua para Todos llegue al 100%, que la infraestructura de salud —aún limitada— avance y que los presupuestos por resultados se cumplan.
¿No se cumplen?
Se intenta, los ministros pueden tener claras las cosas, pero al interior de los equipos técnicos que ejecutan hay resistencias. No les gusta articularse con otras instituciones, cada cual quiere mantener su posición de dominio. La reforma del sector social no muestra aún resultados muy positivos. Y es que Economía y Finanzas tiene un enfoque basado en el costo-beneficio, pero el enfoque de los otros ministerios es de derechos, derecho a la salud, a la educación. Hay falta de sintonía. Se debe buscar el justo medio; por ejemplo, proteger los derechos de los pobres extremos, que sean bien atendidos y sacados de la indigencia.
¿Es un diálogo de sordos entre el MEF y los otros sectores?
Sí. El presidente ha priorizado e incrementado el gasto público orientado a sectores productivos en un 21%, frente a un incremento de 3,8% del gasto social. Su enfoque apunta a generar recursos para que haya un mayor clima de inversión en las zonas productivas y así las empresas se instalarán, por ejemplo, en el sector agrícola, el más intensivo en empleo. Mientras tanto, otros ministerios dicen: necesitamos respetar el derecho a la salud, a la nutrición, a la educación de todos. No es que el enfoque presidencial sea malo, pero hay que buscar el punto medio.
El incremento de 3,8% para el gasto social es poco, ¿no?
Es insuficiente. El Gobierno promueve la inversión que genera empleo para reducir la pobreza. Está bien, pero toma tiempo. Además hubo crisis —nos paramos— y el empleo no ha sido tan masivo como uno quisiera. Mientras, la gente tiene que comer y educarse. El Estado los apoya con los programas sociales; sin embargo, el intento inicial de reforma de estos, a través de una fusión superficial, ha fracasado. Por eso la gente siente que la ayuda no llega en el momento ni en la calidad adecuada. La gente está descontenta porque el discurso dice: hay dinero, pero no hay una coordinación ni sinergia entre los diferentes programas sociales. Cada uno sigue haciendo lo que mejor le parece. Recién en el 2009 se ha culminado con la construcción de los marcos lógicos de los principales programas. Hasta esa fecha todo funcionaba por inercia, ahora cada uno sabe cuál es el problema que debe resolver y cuáles los productos que deben dar y cómo alcanzarlos.
¿Coordinan?
No, ese es el problema. Está previsto mentalmente, pero no se traduce en su ejecución. Creo que Mercedes Aráoz puede realizar la reforma técnica de los programas, presionándolos a que usen un solo sistema de identificación de beneficiarios: el DNI. Hoy cada programa usa su lista de beneficiarios.
Oiga, estamos en lo mismo de hace 10 años.
Sí. Hay que romper la descoordinación. Solo se requiere la decisión política y obligar a que los programas sociales usen una lista única de beneficiarios en base al DNI. Hay ocho millones de niños que no tienen DNI, el Gobierno puede obligarse a darles uno. Tiene el dinero y los recursos técnicos, solo falta la decisión política. La ministra Vílchez dijo que se focalizarían en el DNI de los niños de 0 a 3 años, pero no sabemos cuánto se avanzó. Con el DNI se acaban las filtraciones, yuxtaposiciones y subcoberturas. Otro tema es saber cuál es el producto que tiene verdadero impacto, un costo efectivo. Antes no se sabía, con la elaboración del marco lógico se ha avanzado. Por ejemplo, la chispita o estrellita es un producto perfecto para luchar contra la desnutrición. También se ha avanzado mucho con las cocinas mejoradas y con los programas de capacitación. Ya se sabe qué tipo de capacitación es la más rentable para que el joven ingrese al mercado laboral. Pero, fíjese, han pasado 15 años de programas sociales para saberlo. Esperamos que en el 2010 se evite el uso político de estos programas y se continúe usando los productos de costo efectivo.
¿Cómo sería el uso político?
Es que los impactos de los productos demoran. ¿Qué satisface más fácilmente a un beneficiario? Una bolsa de arroz blanco lo alegra más porque te llena hoy día, que una de chispita.
¿Cree que alguien en su sano juicio haga esto?
No es improbable, porque el ruido político de las elecciones es fuerte. Hay que estar vigilantes e informar a las organizaciones sociales sobre los productos efectivos.
Hay programas sociales que funcionan mejor que otros.
Claro. Juntos está funcionando aceptablemente bien en términos de transferencia, también Agua para Todos y el Seguro Integral de Salud. Para nosotros, lo óptimo sería concentrarse en los pobres extremos e incrementar el presupuesto en 10% [3.400 millones de soles] para atender la pobreza extrema. Tendría un gran impacto en la economía. Es recomendable que los programas vayan adoptando la lógica de transferencias condicionadas. En el mundo son los más exitosos porque transfieren recursos a la población, siempre de forma condicionada y esta administra adecuadamente el dinero.
¿De dónde saldrían los 3.400 millones de soles para la extrema pobreza?
De la compra de tanques chinos, ahí se tendría la mitad, 1.500 millones de soles. Mejor es invertir en personas que en tanques.
¿CÓMO MEDIR LA POBREZA DEL 2010 CON DATOS DE 1993?
"Cifras del INEI no son confiables, no reflejan la realidad"
Por: Mariella Balbi
¿Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, el trapecio andino, siguen con la cifra de 50% de pobreza extrema?
Sí, el 50% de esa población está en extrema pobreza. El programa Juntos no tiene más impacto porque el Ministerio de Salud no ha sabido invertir en infraestructura de salud, tampoco en médicos y equipos. El Ministerio de Educación tampoco ha hecho lo suyo, construir aulas y mandar maestros.
¿Hay un monitoreo de evaluación de impacto de los programas sociales?
No. Cada programa social sabe qué metas alcanzó, pero si hubieran trabajado en equipo, coordinadamente, se habrían alcanzado metas mayores. Por ejemplo, el sector Educación no sabe si el niño que está yendo al colegio se ha enfermado menos, o ha sido atendido por el SIS, o si su mamá recibe la ayuda de Juntos. Ninguno sabe si su beneficiario es beneficiario de otro programa. Se podría hacer una reforma silenciosa en la parte técnica.
El PNUD anunció que la desnutrición infantil ha bajado en el 2009 a 19%.
Esa cifra es una estimación del INEI, el PNUD la recogió. Nosotros no, porque no se basa en la realidad, como sí lo hace la cifra del 2008, que arroja una desnutrición de 21,5%. Además, el 2009 ha sido un año de crisis, es improbable que esta descienda. Es un dato que uno tiene que tomar con preocupación porque no incorpora los efectos de la crisis.
En el 2005 la desnutrición infantil crónica era de 22,9%, este gobierno solo la ha reducido en 1,4% si tomamos el dato del 2008: 21,5%.
Es muy pequeña, sí, porque no se han implementado las reformas radicales de los programas involucrados en este tema. Estamos en el grupo de países con el quintil de desnutrición más importante de América Latina, con Guatemala y varios países caribeños. Es contradictorio que para la cooperación internacional seamos un país de ingreso medio y tengamos estos niveles de desnutrición. Para el 2008 teníamos 585.793 niños menores de 5 años con desnutrición crónica.
Devele este misterio por favor: ¿cómo puede ser posible que aún no se tenga una línea de base para medir la desnutrición infantil?
Aún no existe, dicen que ya están los términos de referencia. La línea de base es muy rentable porque permite saber dónde falla el programa y dónde no, saber si la inversión social es eficiente. Se suponía que la línea de base de Juntos mediría desnutrición, comprensión de lectura y uso de matemáticas. Creo que el equipo técnico no comprende su importancia y nos se embarca hasta que no reciba el apoyo financiero internacional.
¿Por qué no tercerizan su elaboración?
Por temor a lo que pueda aparecer; ya no tendrán el manejo de las cifras y estarán desnudados sobre si son eficientes o no. No quieren exponerse a la vergüenza técnica y política. Si hoy se construye, los resultados estarán en el 2011. ¿Se expondrán en medio del calor político? Si quieren adoptar una posición más cínica, que lo hagan silenciosamente y guarden los resultados para el nuevo gobierno. No como hizo Fujimori con los resultados de la prueba Pisa.
¿Con la ministra de Economía variará el enfoque hacia el gasto social?
Esperemos que sí. Esperamos que en vez de firmar el cheque por los tanques chinos, firme cheques para bombear recursos para los 3,6 millones de pobres extremos. Desde la Universidad del Pacífico le pedimos que no lo firme, es más rentable socialmente.
¿Por qué Sembrando, que dirige Pilar Nores, es un programa exitoso?
Su éxito es llevar a la práctica la sinergia: la vinculación de salud, nutrición, educación e infraestructura básica en una sola intervención es la clave de su buena práctica. Tiene además un buen sistema de identificación de beneficiarios y mecanismos de monitoreo y evaluación de impacto.
¿Confía en las cifras del INEI?
No son confiables en la medida en que no reflejan la realidad de este milenio porque usan la canasta de gastos ¡de 1993!
"Mucho mejor es invertir en las personas que en tanques"
Por: Mariella Balbi
• 18 de enero de 2010
El 2009 ha sido un año de crisis económica. ¿Cómo afectó esto a la pobreza en el Perú?
Los sectores minero, agroindustrial y textil cayeron y dejaron de emplear mano de obra, la crisis afectó el sector pobre no calificado. También las remesas del exterior bajaron, en buena proporción estas son para los sectores de bajos ingresos. Además, en el interior del país las familias se ven afectadas por los ligeros aumentos de determinados productos de la canasta básica: carnes, bebidas y tubérculos. Por ello muchos comienzan a sustituir el consumo dentro del hogar por el de fuera del hogar, acudiendo a los comedores populares.
¿Se está yendo más al comedor popular?
Sí. El rol de los comedores es positivo, pero necesitan apoyo para que las dietas sean mejores, porque están muy cargadas en grasas y ello afecta la salud. El pobre extremo [3,6 millones de peruanos en el 2008] es quien no cubre sus necesidades alimentarias. El pobre [10,2 millones] es quien no alcanza a cubrir otras necesidades como transporte y otros. Pero también está el pobre calórico, que tiene dificultad para obtener las calorías necesarias. Un tercio de la población peruana tiene una ingesta calórica baja.
¿Está desnutrida?
Digamos que está próxima a la desnutrición. Fundamentalmente, ese tercio involucra a niños, adolescentes y jefes de hogar, la mayoría son mujeres que realizan labores entre 9 y 12 horas diarias. Se supone que esa cifra debería haber bajado, pero se ha estancado.
¿Se pudo reducir la pobreza extrema en el 2009?
No hay estadísticas, el INEI las publica para Fiestas Patrias. Pero el 50% de pobres extremos no cambió su situación del 2007 al 2008, años de fuerte crecimiento. Con la crisis del 2009 podemos pronosticar que hay gente que ingresó a la extrema pobreza, principalmente en las zonas rurales. Igual debe ocurrir con la pobreza.
Este gobierno se propuso como meta reducir la pobreza al 30%. ¿Lo logrará?
Se espera que en los próximos dos años se incremente la inversión privada y que mejore la eficacia del gasto público, creo que se podría llegar a la meta. El problema más duro será la desnutrición porque esto significa atacar problemas más complejos. Es decir, que Agua para Todos llegue al 100%, que la infraestructura de salud —aún limitada— avance y que los presupuestos por resultados se cumplan.
¿No se cumplen?
Se intenta, los ministros pueden tener claras las cosas, pero al interior de los equipos técnicos que ejecutan hay resistencias. No les gusta articularse con otras instituciones, cada cual quiere mantener su posición de dominio. La reforma del sector social no muestra aún resultados muy positivos. Y es que Economía y Finanzas tiene un enfoque basado en el costo-beneficio, pero el enfoque de los otros ministerios es de derechos, derecho a la salud, a la educación. Hay falta de sintonía. Se debe buscar el justo medio; por ejemplo, proteger los derechos de los pobres extremos, que sean bien atendidos y sacados de la indigencia.
¿Es un diálogo de sordos entre el MEF y los otros sectores?
Sí. El presidente ha priorizado e incrementado el gasto público orientado a sectores productivos en un 21%, frente a un incremento de 3,8% del gasto social. Su enfoque apunta a generar recursos para que haya un mayor clima de inversión en las zonas productivas y así las empresas se instalarán, por ejemplo, en el sector agrícola, el más intensivo en empleo. Mientras tanto, otros ministerios dicen: necesitamos respetar el derecho a la salud, a la nutrición, a la educación de todos. No es que el enfoque presidencial sea malo, pero hay que buscar el punto medio.
El incremento de 3,8% para el gasto social es poco, ¿no?
Es insuficiente. El Gobierno promueve la inversión que genera empleo para reducir la pobreza. Está bien, pero toma tiempo. Además hubo crisis —nos paramos— y el empleo no ha sido tan masivo como uno quisiera. Mientras, la gente tiene que comer y educarse. El Estado los apoya con los programas sociales; sin embargo, el intento inicial de reforma de estos, a través de una fusión superficial, ha fracasado. Por eso la gente siente que la ayuda no llega en el momento ni en la calidad adecuada. La gente está descontenta porque el discurso dice: hay dinero, pero no hay una coordinación ni sinergia entre los diferentes programas sociales. Cada uno sigue haciendo lo que mejor le parece. Recién en el 2009 se ha culminado con la construcción de los marcos lógicos de los principales programas. Hasta esa fecha todo funcionaba por inercia, ahora cada uno sabe cuál es el problema que debe resolver y cuáles los productos que deben dar y cómo alcanzarlos.
¿Coordinan?
No, ese es el problema. Está previsto mentalmente, pero no se traduce en su ejecución. Creo que Mercedes Aráoz puede realizar la reforma técnica de los programas, presionándolos a que usen un solo sistema de identificación de beneficiarios: el DNI. Hoy cada programa usa su lista de beneficiarios.
Oiga, estamos en lo mismo de hace 10 años.
Sí. Hay que romper la descoordinación. Solo se requiere la decisión política y obligar a que los programas sociales usen una lista única de beneficiarios en base al DNI. Hay ocho millones de niños que no tienen DNI, el Gobierno puede obligarse a darles uno. Tiene el dinero y los recursos técnicos, solo falta la decisión política. La ministra Vílchez dijo que se focalizarían en el DNI de los niños de 0 a 3 años, pero no sabemos cuánto se avanzó. Con el DNI se acaban las filtraciones, yuxtaposiciones y subcoberturas. Otro tema es saber cuál es el producto que tiene verdadero impacto, un costo efectivo. Antes no se sabía, con la elaboración del marco lógico se ha avanzado. Por ejemplo, la chispita o estrellita es un producto perfecto para luchar contra la desnutrición. También se ha avanzado mucho con las cocinas mejoradas y con los programas de capacitación. Ya se sabe qué tipo de capacitación es la más rentable para que el joven ingrese al mercado laboral. Pero, fíjese, han pasado 15 años de programas sociales para saberlo. Esperamos que en el 2010 se evite el uso político de estos programas y se continúe usando los productos de costo efectivo.
¿Cómo sería el uso político?
Es que los impactos de los productos demoran. ¿Qué satisface más fácilmente a un beneficiario? Una bolsa de arroz blanco lo alegra más porque te llena hoy día, que una de chispita.
¿Cree que alguien en su sano juicio haga esto?
No es improbable, porque el ruido político de las elecciones es fuerte. Hay que estar vigilantes e informar a las organizaciones sociales sobre los productos efectivos.
Hay programas sociales que funcionan mejor que otros.
Claro. Juntos está funcionando aceptablemente bien en términos de transferencia, también Agua para Todos y el Seguro Integral de Salud. Para nosotros, lo óptimo sería concentrarse en los pobres extremos e incrementar el presupuesto en 10% [3.400 millones de soles] para atender la pobreza extrema. Tendría un gran impacto en la economía. Es recomendable que los programas vayan adoptando la lógica de transferencias condicionadas. En el mundo son los más exitosos porque transfieren recursos a la población, siempre de forma condicionada y esta administra adecuadamente el dinero.
¿De dónde saldrían los 3.400 millones de soles para la extrema pobreza?
De la compra de tanques chinos, ahí se tendría la mitad, 1.500 millones de soles. Mejor es invertir en personas que en tanques.
¿CÓMO MEDIR LA POBREZA DEL 2010 CON DATOS DE 1993?
"Cifras del INEI no son confiables, no reflejan la realidad"
Por: Mariella Balbi
¿Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, el trapecio andino, siguen con la cifra de 50% de pobreza extrema?
Sí, el 50% de esa población está en extrema pobreza. El programa Juntos no tiene más impacto porque el Ministerio de Salud no ha sabido invertir en infraestructura de salud, tampoco en médicos y equipos. El Ministerio de Educación tampoco ha hecho lo suyo, construir aulas y mandar maestros.
¿Hay un monitoreo de evaluación de impacto de los programas sociales?
No. Cada programa social sabe qué metas alcanzó, pero si hubieran trabajado en equipo, coordinadamente, se habrían alcanzado metas mayores. Por ejemplo, el sector Educación no sabe si el niño que está yendo al colegio se ha enfermado menos, o ha sido atendido por el SIS, o si su mamá recibe la ayuda de Juntos. Ninguno sabe si su beneficiario es beneficiario de otro programa. Se podría hacer una reforma silenciosa en la parte técnica.
El PNUD anunció que la desnutrición infantil ha bajado en el 2009 a 19%.
Esa cifra es una estimación del INEI, el PNUD la recogió. Nosotros no, porque no se basa en la realidad, como sí lo hace la cifra del 2008, que arroja una desnutrición de 21,5%. Además, el 2009 ha sido un año de crisis, es improbable que esta descienda. Es un dato que uno tiene que tomar con preocupación porque no incorpora los efectos de la crisis.
En el 2005 la desnutrición infantil crónica era de 22,9%, este gobierno solo la ha reducido en 1,4% si tomamos el dato del 2008: 21,5%.
Es muy pequeña, sí, porque no se han implementado las reformas radicales de los programas involucrados en este tema. Estamos en el grupo de países con el quintil de desnutrición más importante de América Latina, con Guatemala y varios países caribeños. Es contradictorio que para la cooperación internacional seamos un país de ingreso medio y tengamos estos niveles de desnutrición. Para el 2008 teníamos 585.793 niños menores de 5 años con desnutrición crónica.
Devele este misterio por favor: ¿cómo puede ser posible que aún no se tenga una línea de base para medir la desnutrición infantil?
Aún no existe, dicen que ya están los términos de referencia. La línea de base es muy rentable porque permite saber dónde falla el programa y dónde no, saber si la inversión social es eficiente. Se suponía que la línea de base de Juntos mediría desnutrición, comprensión de lectura y uso de matemáticas. Creo que el equipo técnico no comprende su importancia y nos se embarca hasta que no reciba el apoyo financiero internacional.
¿Por qué no tercerizan su elaboración?
Por temor a lo que pueda aparecer; ya no tendrán el manejo de las cifras y estarán desnudados sobre si son eficientes o no. No quieren exponerse a la vergüenza técnica y política. Si hoy se construye, los resultados estarán en el 2011. ¿Se expondrán en medio del calor político? Si quieren adoptar una posición más cínica, que lo hagan silenciosamente y guarden los resultados para el nuevo gobierno. No como hizo Fujimori con los resultados de la prueba Pisa.
¿Con la ministra de Economía variará el enfoque hacia el gasto social?
Esperemos que sí. Esperamos que en vez de firmar el cheque por los tanques chinos, firme cheques para bombear recursos para los 3,6 millones de pobres extremos. Desde la Universidad del Pacífico le pedimos que no lo firme, es más rentable socialmente.
¿Por qué Sembrando, que dirige Pilar Nores, es un programa exitoso?
Su éxito es llevar a la práctica la sinergia: la vinculación de salud, nutrición, educación e infraestructura básica en una sola intervención es la clave de su buena práctica. Tiene además un buen sistema de identificación de beneficiarios y mecanismos de monitoreo y evaluación de impacto.
¿Confía en las cifras del INEI?
No son confiables en la medida en que no reflejan la realidad de este milenio porque usan la canasta de gastos ¡de 1993!
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