Por: Lic. Luis Marín
lmarin@socialconsultores.com
La preocupación de los estados nación latinoamericanos por elevar la calidad de vida de los individuos se ha traducido en políticas públicas que son una síntesis de los procesos de discusión y decisión de cada nación.
Los ciudadanos, como componente fundamental de la sociedad, tienen exigencias y necesidades además de formas de canalizar sus demandas al sistema político al que pertenecen. Así, surge la dinámica que enfrenta las demandas sociales de los grupos organizados (partidos, grupos, asociaciones, etc.) y al Estado como redistribuidor de la renta nacional.
Las políticas sociales son una serie de criterios expresados en acciones concretas y sostenidas para contribuir a la solución de las grandes problemáticas sociales. Estos criterios responden a una serie de valores que determinan la forma en que se abordan los problemas y muchas veces también a quienes se atiende de manera prioritaria.
En el Perú, la política social se ha caracterizado por ejecutarse de manera sectorial y centralizada. Los esfuerzos por integrar sectores y descentralizar las políticas sociales son relativamente recientes. Todavía es un proceso nuevo del cual se está aprendiendo sobre la marcha. El cuerpo técno-político que se encarga de gestionar e implementar la política social en el Perú está a su vez, aprendiendo y consolidando experiencias. Para ello, es vital que exista una sinergia entre los actores de generación de conocimiento (empresas, universidades, laboratorios, según Gary Becker 1993, citado por Béjar; 2007, p. 190) y el gobierno.
Por el lado de la academia, las preocupaciones han estado centradas en las dos últimas décadas en los principales problemas de la nación: pobreza, desigualdad, empleo, y muchas veces han tenido aportes importantes que deben ser considerados y valorados –sino promovidos- por los distintos gobiernos. Por el lado del Estado, algunos aportes han sido incorporados y han cambiado el panorama de la política social. No solo a nivel nacional sino internacional.
Las condiciones de inequidad y pobreza que imperan en el Perú se constituyen en un desafío para cualquier esfuerzo de implementación de políticas sociales. La gravedad de las condiciones de desarrollo, las grandes brechas sociales existentes, los problemas del modelo económico, la estructura heterogénea de la economía y la precariedad del sistema político se constituyen en grandes obstáculos que dificultan el éxito de una política social. En la última década, éstas han sido sujeto de apuestas clientelistas, que responden a un régimen democrático delegativo formado en el tránsito de la crisis de partidos políticos, el auge de la tecnocracia y la apertura normativa de procesos de concertación locales aún en ciernes.
La lucha contra la pobreza se ha caracterizado por enfrentar estos desafíos, y los Programas han sido diseñados para constituirse en un frente de inversiones sociales que brindan apoyo diferenciado a diversidad de ciudadanos. En ese contexto, la implementación de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) y su apuesta por una lucha directa contra la pobreza y por la restitución de derechos es un proceso que debe ser estudiado, analizado y difundido para perfeccionarlo, ya que aún se encuentran muchos tropiezos propios de su operación. El involucramiento de los actores sociales, políticos y académicos en este análisis es fundamental y prioritario para constituir programas sociales justos, oportunos, guiados por valores compartidos y por objetivos de consenso.
Referencias
Béjar, Héctor, Política Social Justicia Social. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP). Tercera edición. Lima - Perú, 2007.
O'Donnell, Guillermo; ¿Democracia delegativa?. Papel de trabajo Nº 172, The Helen Kellogg Institute for International Studies. University of Notre Dame - EE.UU., 1992.
martes, 31 de agosto de 2010
miércoles, 18 de agosto de 2010
El problema de la política social y la lucha contra la pobreza: el reto peruano
Por: Lic. Luis Marín
lmarin@socialconsultores.com
El problema de la pobreza es importante porque sume a la población en condiciones de vida no adecuadas para el desarrollo de sus capacidades, y las priva de oportunidades de desarrollo que permitirían un acceso a bienes y servicios que elevarían su calidad de vida. Un entorno de pobreza y pobreza extrema en la que sobreviven millones de personas no es para nada positivo si se pretende empezar la marcha hacia el desarrollo como país. A menudo se declara que una preocupación de las políticas de gobierno es la lucha frontal contra la pobreza. Creemos que solo de esta manera se asegurará que existan mayores niveles de equidad en la sociedad futura y que nuestros ciudadanos pueden desarrollarse de acuerdo a sus reales potencialidades.
El problema de la pobreza representa uno de los retos más grandes para la región latinoamericana. Del 2000 al 2008 los índices de pobreza pasaron de 48,4% a 36,2%; mientras que los de pobreza extrema pasaron de 15% a 12,6%. Si bien es cierto se ha producido en los últimos años una importante disminución, aún en términos reales son millones de personas pobres las que ven limitadas sus posibilidades, sobretodo en contextos donde no existe oportunidad alguna de acceder a los beneficios del crecimiento económico que se sucede en algunos países.
La pobreza y pobreza extrema se han reducido considerablemente en el Perú, siguiendo la ruta de los compromisos suscritos en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Esta disminución de la pobreza se da a pesar del incremento sostenido de la población y las implicancias que ello produce. De 25.983 habitantes al 2005, el Perú pasó a tener 28.807 al 2008, lo que representa un aumento de la población del 10,9% en tan solo 8 años.
La disminución de la pobreza a pesar del aumento de la población es fruto, entre otras causas, de la intervención de diversas políticas sociales que pretenden mejorar la calidad de vida de la población del país. La política social en el Perú no solamente se diseña tomando en cuenta los patrones de pobreza, sino que también se toman en cuenta sus factores determinantes: salud, educación, etc. Como sucede en el caso de la desnutrición crónica infantil, que es un indicador relevante para el diseño de Programas y proyectos sociales. Considerar la desnutrición crónica infantil como un indicador para el diseño de políticas públicas de lucha contra la pobreza es fundamental porque se ha comprobado que los efectos de la desnutrición crónica en los primeros tres años de vida son irreversibles. Así, debe ser un deber prioritario del Estado combatir la desnutrición con miras a que la población tenga las capacidades físicas que posibiliten su desarrollo posterior.
Los esfuerzos de política social por menguar la desnutrición son cada vez mayores y los resultados, según las cifras oficiales, cada vez más auspiciosos. El porcentaje de menores de cinco años con desnutrición crónica a nivel nacional ha disminuido cerca de 6 puntos porcentuales desde el año 2000 al 2009.
La desnutrición crónica urbana la que más ha retrocedido del 2000 al 2009 (de 13.4 a 10.3%) si se compara con la rural (de 25.4 a 19%). Sin embargo, aún existe un importante 10,3% de niños de entornos rurales en condiciones de desnutrición. Por ello, se debe implementar políticas sociales que atiendan a la población más relegada del país, la residente en zonas rurales.
Con todo, la orientación de las políticas de lucha contra la pobreza en el país es de mejorar la eficiencia en el gasto. Con ello nos referimos a que cada vez más surgen Programas sociales con técnicas más refinadas de focalización. La emergencia del paradigma de la política social de tipo focalizado responde a una serie de procesos de larga data en la región, los mismos que buscan atacar directamente los factores determinantes de la pobreza, en un contexto en el que los países que la combaten aplican los diseños más avanzados que se han ido aplicando en cada vez más países de la región, como sucede con el caso de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada.
Este porcentaje de incremento es mínimo y el promedio de inversión social todavía se encuentra entre los más bajos de la región. Sin embargo, parece ser que el relativo éxito de los nuevos modelos de política social haría que esta tendencia se incremente o al menos se mantenga para los años venideros. Sin embargo, aún debemos poner en debate el verdadero rol de la política social de lucha contra la pobreza y sus componentes, el porcentaje de gasto con respecto al PBI, la estrategia de focalización versus la postura por la universalización de los servicios sociales, las pensiones mínimas, el fuerte sesgo del diseño centralista de dichas políticas, la no participación de la población en la ejecución y/o control, etc. Todo ello debe orientarse a un esquema de protección social que garantice el acceso al ejercicio de derechos de toda la población.
lmarin@socialconsultores.com
El problema de la pobreza es importante porque sume a la población en condiciones de vida no adecuadas para el desarrollo de sus capacidades, y las priva de oportunidades de desarrollo que permitirían un acceso a bienes y servicios que elevarían su calidad de vida. Un entorno de pobreza y pobreza extrema en la que sobreviven millones de personas no es para nada positivo si se pretende empezar la marcha hacia el desarrollo como país. A menudo se declara que una preocupación de las políticas de gobierno es la lucha frontal contra la pobreza. Creemos que solo de esta manera se asegurará que existan mayores niveles de equidad en la sociedad futura y que nuestros ciudadanos pueden desarrollarse de acuerdo a sus reales potencialidades.
El problema de la pobreza representa uno de los retos más grandes para la región latinoamericana. Del 2000 al 2008 los índices de pobreza pasaron de 48,4% a 36,2%; mientras que los de pobreza extrema pasaron de 15% a 12,6%. Si bien es cierto se ha producido en los últimos años una importante disminución, aún en términos reales son millones de personas pobres las que ven limitadas sus posibilidades, sobretodo en contextos donde no existe oportunidad alguna de acceder a los beneficios del crecimiento económico que se sucede en algunos países.
La pobreza y pobreza extrema se han reducido considerablemente en el Perú, siguiendo la ruta de los compromisos suscritos en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Esta disminución de la pobreza se da a pesar del incremento sostenido de la población y las implicancias que ello produce. De 25.983 habitantes al 2005, el Perú pasó a tener 28.807 al 2008, lo que representa un aumento de la población del 10,9% en tan solo 8 años.
La disminución de la pobreza a pesar del aumento de la población es fruto, entre otras causas, de la intervención de diversas políticas sociales que pretenden mejorar la calidad de vida de la población del país. La política social en el Perú no solamente se diseña tomando en cuenta los patrones de pobreza, sino que también se toman en cuenta sus factores determinantes: salud, educación, etc. Como sucede en el caso de la desnutrición crónica infantil, que es un indicador relevante para el diseño de Programas y proyectos sociales. Considerar la desnutrición crónica infantil como un indicador para el diseño de políticas públicas de lucha contra la pobreza es fundamental porque se ha comprobado que los efectos de la desnutrición crónica en los primeros tres años de vida son irreversibles. Así, debe ser un deber prioritario del Estado combatir la desnutrición con miras a que la población tenga las capacidades físicas que posibiliten su desarrollo posterior.
Los esfuerzos de política social por menguar la desnutrición son cada vez mayores y los resultados, según las cifras oficiales, cada vez más auspiciosos. El porcentaje de menores de cinco años con desnutrición crónica a nivel nacional ha disminuido cerca de 6 puntos porcentuales desde el año 2000 al 2009.
La desnutrición crónica urbana la que más ha retrocedido del 2000 al 2009 (de 13.4 a 10.3%) si se compara con la rural (de 25.4 a 19%). Sin embargo, aún existe un importante 10,3% de niños de entornos rurales en condiciones de desnutrición. Por ello, se debe implementar políticas sociales que atiendan a la población más relegada del país, la residente en zonas rurales.
Con todo, la orientación de las políticas de lucha contra la pobreza en el país es de mejorar la eficiencia en el gasto. Con ello nos referimos a que cada vez más surgen Programas sociales con técnicas más refinadas de focalización. La emergencia del paradigma de la política social de tipo focalizado responde a una serie de procesos de larga data en la región, los mismos que buscan atacar directamente los factores determinantes de la pobreza, en un contexto en el que los países que la combaten aplican los diseños más avanzados que se han ido aplicando en cada vez más países de la región, como sucede con el caso de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada.
Este porcentaje de incremento es mínimo y el promedio de inversión social todavía se encuentra entre los más bajos de la región. Sin embargo, parece ser que el relativo éxito de los nuevos modelos de política social haría que esta tendencia se incremente o al menos se mantenga para los años venideros. Sin embargo, aún debemos poner en debate el verdadero rol de la política social de lucha contra la pobreza y sus componentes, el porcentaje de gasto con respecto al PBI, la estrategia de focalización versus la postura por la universalización de los servicios sociales, las pensiones mínimas, el fuerte sesgo del diseño centralista de dichas políticas, la no participación de la población en la ejecución y/o control, etc. Todo ello debe orientarse a un esquema de protección social que garantice el acceso al ejercicio de derechos de toda la población.
La generación del liderazgo en los procesos participativos
Por Lic. Luis Marín Diaz
lmarin@socialconsultores.com
A menudo nos enfrentamos con procesos participativos en los que las comunidades del territorio presentan resistencias a los procesos que emprende la autoridad local (como por ejemplo, los presupuestos participativos), o en los que pesan más los cuestionamientos hacia la gestión local y ello impide una participación fluida de los representantes de las organizaciones populares, ya que muchas veces se interpreta que participar es pactar. ¿Cómo solucionar este problema?
En escenarios así, los gobiernos locales deben preocuparse por aprovechar ese caudal participativo-organizativo y propiciar la generación de liderazgos comunales que se involucren con el proceso. En principio: a) explicar la naturaleza del proceso, b) analizar en conjunto dicho proceso y finalmente c) intervenir. Hay que desarrollar ordenadamente estos pasos para poder luego destacar la necesidad de la participación de los líderes de la comunidad, comprometiéndolos.
La generación de liderazgos no corresponde a descubridores de talentos o se realiza mediante la transferencia de conocimientos; los liderazgos se generan siempre respecto de un proceso, nunca en el aire. Es por ello importante que desde las entidades encargadas de los procesos se promueva el liderazgo comprometido. Con liderazgo comprometido queremos expresar el hecho de que no se “es” un líder, sino que se llega a serlo por momentos. El liderazgo se ejerce, es un rol y una responsabilidad asignada por proceso.
Finalmente, una vez concluido el objetivo de un proceso, los líderes deben dar un paso al costado o deben aspirar a canalizar su liderazgo hacia otros objetivos. Solo así lograremos la participación efectiva de la comunidad, a través de sus líderes y la generación de liderazgos que nos ayuden a llevar a cabo los procesos que emprendamos. Recordemos que buenos líderes pueden llegar a ser buenos socios.
lmarin@socialconsultores.com
A menudo nos enfrentamos con procesos participativos en los que las comunidades del territorio presentan resistencias a los procesos que emprende la autoridad local (como por ejemplo, los presupuestos participativos), o en los que pesan más los cuestionamientos hacia la gestión local y ello impide una participación fluida de los representantes de las organizaciones populares, ya que muchas veces se interpreta que participar es pactar. ¿Cómo solucionar este problema?
En escenarios así, los gobiernos locales deben preocuparse por aprovechar ese caudal participativo-organizativo y propiciar la generación de liderazgos comunales que se involucren con el proceso. En principio: a) explicar la naturaleza del proceso, b) analizar en conjunto dicho proceso y finalmente c) intervenir. Hay que desarrollar ordenadamente estos pasos para poder luego destacar la necesidad de la participación de los líderes de la comunidad, comprometiéndolos.
La generación de liderazgos no corresponde a descubridores de talentos o se realiza mediante la transferencia de conocimientos; los liderazgos se generan siempre respecto de un proceso, nunca en el aire. Es por ello importante que desde las entidades encargadas de los procesos se promueva el liderazgo comprometido. Con liderazgo comprometido queremos expresar el hecho de que no se “es” un líder, sino que se llega a serlo por momentos. El liderazgo se ejerce, es un rol y una responsabilidad asignada por proceso.
Finalmente, una vez concluido el objetivo de un proceso, los líderes deben dar un paso al costado o deben aspirar a canalizar su liderazgo hacia otros objetivos. Solo así lograremos la participación efectiva de la comunidad, a través de sus líderes y la generación de liderazgos que nos ayuden a llevar a cabo los procesos que emprendamos. Recordemos que buenos líderes pueden llegar a ser buenos socios.
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